La Junta seguirá presionando a Tragsatec para que no aplique el ERE, pese a que “compete” a Madrid
La Junta de Extremadura seguirá instando a la dirección de Tragsatec a no aplicar su ERE en Extremadura, pero ha resaltado que a quien hay que pedir responsabilidades por esta situación es al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy por tratarse de una empresa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
“Estamos trabajando, no estamos de brazos cruzados, respetando la ley siempre”, ha manifestado hoy el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, en el pleno de la Asamblea en respuesta a una pregunta del diputado de Podemos Daniel Hierro sobre este asunto.
Navarro, que ha sido el encargado de responder esta pregunta en lugar de la consejera Begoña García Bernal, que se encuentra de visita en Bruselas, se ha referido así a la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la legalidad del ERE, una sentencia que “no compartimos pero debemos acatar”. Ha aseverado que la Junta ha mantenido reuniones con los trabajadores y la dirección de la empresa, “a la que vamos a seguir instando a no aplicar el ERE y a mantener los puestos de trabajo”, pero acto seguido ha insistido en que “a quien hay que pedir responsabilidades es al Gobierno central, de quien depende la SEPI.
Ha aclarado que la Junta sólo tiene una participación testimonial de una acción en el capital social de Tragsa y, como cliente, el volumen total de trabajo que le encargó en 2015 representa el 2 por ciento de su facturación. Asimismo, ha recordado que la Junta puso en marcha campañas de saneamiento y vacunación contra la lengua azul en el período 2007-2010 que fueron encargadas a Tragsatec, constituyendo el volumen más alto de contratación realizado con esta empresa, que fue entonces cuando elevó la contratación de personal. A partir de 2012, ha añadido, el Gobierno del PP realizó un “drástico recorte” de las campañas sanitarias y fue por aquel entonces cuando Tragsa decidió “unilateralmente” presentar un ERE.
En seis meses, ha añadido, el Gobierno socialista ha demostrado su voluntad de recuperar las actuaciones en materia de sanidad animal, de modo que en 2015 se ha incrementado “significativamente” el volumen de contratación porque, pese a que “el ERE es una decisión exclusiva del Gobierno de Madrid, nos hemos preocupado por intentar paliar el daño lo más posible”.
Por su parte, el diputado Daniel Hierro ha acusado al Ejecutivo de decir una cosa en la oposición y hacer la contraria cuando está gobernando dado que, según ha alegado, los socialistas sí que pidieron explicaciones al anterior gobierno de Monago por este asunto, al tiempo que ha apuntado que el PSOE de Castilla y León “no piensa lo mismo” en esta comunidad autónoma.
Ha restado credibilidad a las palabras de Navarro al preguntarse cómo el Ejecutivo regional no puede hacer nada en una empresa “cuyo cliente preferente es la Junta”. Ha afirmado que no existen motivos para el ERE en una empresa que “casi nunca ha presentado pérdidas en Extremadura”, por lo que ha instado al Gobierno a “presionar”. Ha advertido de que este ERE busca una “precarización” de los contratos que se hacen en esta empresa pública ya que la sentencia del Supremo reconoce “que se podrá contratar a los mismos trabajadores pero con otras condiciones”.
