La Ley de Simplificación Administrativa sigue su trámite mientras la oposición duda de su efectividad

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha dado luz verde para que siga su tramitación la Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, con la que la Junta persigue “limitar a lo imprescindible” la intervención administrativa, sobre todo en la puesta en marcha de proyectos , aunque la oposición ha expresado dudas sobre su efectividad, como ha ocurrido con otras normas que le precedieron.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, que ha defendido esta iniciativa en el debate de totalidad, ha asegurado que es “un paso más” en el objetivo de alcanzar la máxima eficiencia de la administración y “palanca” de desarrollo, para que aquellos que quieran invertir la tengan “como más leal acompañante”.

Según Blanco Morales, el proyecto busca “reducir obstáculos y trámites burocráticos, confiando en los ciudadanos” en un contexto en el que se abren para Extremadura oportunidades que requieren “nuevas formas de trabajar” y acelerar las respuestas a las demandas.

No obstante, ha precisado que este proceso “ni comienza hoy ni termina hoy”, recordando otras normativas que ya se han aprobado y que se mejoran con este proyecto de ley, que ha calificado de “corpus único”, que tiene como primera finalidad establecer un modelo de gestión flexible, mediante las calificaciones integrales, la tramitación conjunta de proyectos y la gestión coordinada.

Tanto la consejera como la portavoz socialista, Estrella Gordillo, han defendido que con este proyecto Extremadura se sitúa “a la vanguardia” en eficiencia y agilización administrativa, que es una de las cuestiones que más demandan las empresas, sobre todo en un contexto como el actual.

En esta relación con el ciudadano, la norma se basa en la generalización de las declaraciones y comunicaciones responsables y ha precisado que solo se exigirá la aportación de documentación complementaria cuando esta no pueda ser recabada por la propia administración, aunque sí ha incidido en que ello no conlleva que la Junta no siga con sus labores de comprobación o verificación, que se realizarán de oficio.

Sin embargo, desde los grupos de la oposición se ha expresado desconfianza respecto a que con esta nueva norma se logren los objetivos de atraer más proyectos o generar más riqueza en Extremadura.

En este sentido, el portavoz del PP, José María Rodríguez Campos, ha destacado su falta de fe, detallando la aprobación de otras leyes, decretos leyes o anuncios del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que también abogaban por la agilización administrativa, pero que pasados los años no han supuesto cambios en la situación socioeconómica de la región, “que es la misma o peor”.

“Nuestro problema no está en las leyes, sino en quien las aplica y su modelo y el suyo está caducado”, ha remarcado el portavoz popular, que ha añadido que además llega tarde y tampoco está a la vanguardia porque medidas de esta índole se aplican en otras CCAA.

En este mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos, José María Casares, que ha dicho que aunque el proyecto “va en la línea” de los que defiende su formación, cree que es mejorable, con cuestiones por concretar, como ha puesto de manifiesto el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado, y espera que en el trámite de enmiendas sean escuchadas sus propuestas.

Por último, el portavoz de Unidas por Extremadura, Álvaro Jaén, le ha recordado a la consejera que en normas anteriores “de las que bebe” este proyecto apenas se aceptaron el 40 por ciento de las enmiendas que formuló su formación y el resultado de su puesta en marcha tampoco fue el esperado.