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Portugal financiará con 9 millones de fondos europeos el puente entre Cedillo (Cáceres) y Montalvão

La presa de Cedillo, explotada por Iberdrola, es el único puente que une el pueblo más occidental de Extremadura con Montalvão, pero solo abre los fines de semana

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El Gobierno luso y la Cámara Municipal de Nisa (Portugal) han rubricado el convenio de financiación por el que se destinan nueve millones de euros a la construcción de un puente sobre el río Sever, que unirá España y Portugal desde la localidad cacereña de Cedillo, el pueblo más occidental de Extremadura, a la portuguesa de Montalvão.

Esa cantidad económica llegará al Gobierno portugués a través del Plan de Recuperación y Resiliencia europeo para unir las dos localidades fronterizas, separadas por poco más de 13 kilómetros. Sin embargo, la mayor parte de los días la distancia se convertía en unos 200 kilómetros de ida y vuelta para sus habitantes al contar tan solo con un puente de Iberdrola que abre al tránsito los fines de semana.

La construcción de esta infraestructura es una reclamación histórica de ambos lados de La Raya, como ha recordado el vicepresidente de la Diputación de Cáceres, Alfonso Beltrán, quien ha puesto de manifiesto el “esfuerzo de los últimos años” por conseguir una comunicación entre dos territorios que cuentan con una “estrecha relación comercial, familiar, cultural y de todos los niveles”.

Además, la institución provincial ha recordado que mantendrá una “colaboración directa” con Portugal para “apoyar en el asesoramiento técnico en la redacción del proyecto, así como en lo relacionado con las carreteras de la red provincial”, según palabras de su presidente Carlos Carlos.

“Actuaremos en su acondicionamiento si la unión del puente con el territorio extremeño es a través de una vía provincial, o si es de la Junta, haremos las gestiones oportunas, de la misma manera que si depende del Gobierno central”, añadió Carlos.

El puente de Cedillo también ha sido origen de enfrentamientos políticos. Cuando el PP llegó a la Presidencia de la Diputación de Cáceres renunció a usar el dinero que el anterior gobierno socialista consiguió, también a través de fondos europeos, para esta construcción y el dinero tuvo que devolverse.

El asunto llegó incluso a la mesa del Defensor del Pueblo, que pidió a la Junta de Extremadura y a la Diputación de Cáceres que buscaran soluciones a este problema.

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