Los sindicatos reclaman a la Junta que rectifique y cumpla con la subida salarial

Representantes de CSIF, CCOO y UGT se han concentrado en Mérida para exigir a la Junta que “rectifique” su última propuesta y abone la subida salarial del 2 % para los 48.000 empleados públicos de su ámbito aplicada a todos los conceptos retributivos y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020. Además, han advertido de que si la Junta persiste en su postura, los servicios jurídicos de los tres sindicatos trabajan ya en la vía judicial, a la que podrían recurrir de forma conjunta, para que esta medida se haga efectiva.

En la última Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma, celebrada el 19 de octubre, la Junta propuso aplicar la subida salarial solo al sueldo base, trienios y complemento de destino, sin fijar fecha para el resto de complementos -como específicos o asignados a la profesión- ni su retroactividad a 1 de enero de 2020. Una propuesta con la que, según los sindicatos, la Junta “incumple” su compromiso inicial, además de ser “injusta”, “discriminatoria” y “un agravio comparativo” respecto al resto de empleados públicos del país, que sí perciben este incremento retributivo.

Por ello, se han movilizado de nuevo con una concentración este jueves a las puertas de la sede de Presidencia en Mérida, portando una pancarta con lema “por el cumplimiento de los acuerdos, contra los recortes”.

Desprecio

El presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román, ha exigido a la Junta que “rectifique” la propuesta que hizo en la última Mesa General de Negociación y aplique lo que firmó con los sindicatos y prometió a los empleados.

“La Junta no puede seguir despreciando al personal sanitario, sociosanitario, docentes, administrativos y a todos los empleados públicos de su ámbito de gestión, que han estado y siguen estando en primera línea de batalla en esta pandemia que estamos sufriendo”, ha apostillado Román. Unos trabajadores que, ha añadido, en la primera ola estuvieron “muchos de ellos sin el material de protección oportuno” y “estuvieron jugándose la vida para poder salvarnos la nuestra”.

Según Román, los empleados públicos de la Junta serán prácticamente los únicos que no cobren esa subida en los términos que reclaman ya que en “las dos comunidades autónomas que restaban, Baleares sigue negociando y la Comunidad Valenciana llegó la semana pasada a un acuerdo con los sindicatos”.

Ha defendido que no se puede “ligar la subida salarial a la pandemia” porque “si el Ejecutivo extremeño la hubiese pagado en enero o febrero de este año, cuando no había pandemia, los empleados ya la estarían percibiendo”; y se ha ofrecido incluso “a acompañar a la Junta a Moncloa para pedir el dinero necesario” y que no haya esa “discriminación” con el resto de empleados públicos del país. La asesoría jurídica de CSIF “ya está trabajando para defender los derechos de los empleados públicos extremeños y que no vuelvan a ser otra vez los pobrecitos de España”.

Acciones judiciales

Al respecto, el portavoz del Área Pública de CCOO en Extremadura, Francisco Jiménez, ha señalado emprenderán “las acciones judiciales necesarias”, pues “los acuerdos vienen recogidos en el BOE y estos se tienen que cumplir”.

Sostiene que los sindicatos han sido “flexibles” y han hecho propuestas para poder “dar facilidades” a la administración y que esta cumpliera con los compromisos adquiridos en 2018, pero “no hicieron los deberes y no consignaron las partidas necesarias en los presupuestos correspondientes”, lo que ha llevado a la situación actual.

Además, ha recordado que “posiblemente” los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprueben “una nueva subida salarial” del 0,9 %, que exigen a la Junta que “lo consigne” en las cuentas autonómicas para que no vuelva a dejar“ a los empleados públicos extremeños sin el incremento retributivo que les corresponde.

También ha destacado la voluntad de negociación de los sindicatos el secretario de Acción Sindical de FSP-UGT Extremadura, José Ignacio Luis Cansado, quien ha incidido en que estaban “dispuestos a aplazar el pago de los once meses anteriores a cuando se dieran las circunstancias oportunas”, siempre y cuando se estableciera la subida salarial en todos los complementos a partir de diciembre para estar “en igualdad de condiciones” con el resto de empleados públicos de España.

Cansado ha remarcado que la propuesta de la Junta perjudica a los “sanitarios, al personal que trabaja en los servicios de dependencia, a docentes, al personal del SEXPE” y a aquellos que están “continuamente dando soluciones a las personas que tienen menos recursos”.