La solución para interinos y laborales no cumple la sentencia europea según Piltex

La Asociación de Interinos y Laborales Temporales de Extremadura (Piltex) afirma que el acuerdo para reducir la temporalidad en las administraciones públicas con el apoyo de UGT, CCOO y CSIF, es una “vergüenza” y supone una vulneración de los derechos de los trabajadores públicos.

En un comunicado, la asociación asegura que el llamado “acuerdo sobre el plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas”, no ofrece seguridad jurídica, ni define con claridad la situación de abuso, y no incorpora medidas disuasorias, ni sancionadoras.

A su juicio, este pacto revalida “los acuerdazos” de 2017 y 2018, que apostaban por procesos de estabilización y de nuevo se opta por “consolidar plazas y no personas, sin garantizar los derechos de los interinos en fraude de ley”, aquellos que llevan más de tres años ocupando un puesto.

Según ese grupo, el plan no cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 3 de junio, por la cual, un proceso de consolidación “no es la respuesta adecuada para sancionar el abuso de temporalidad”, ya que “no garantiza la compensación a quienes la han sufrido ni supone una sanción a los responsables”.

Asimismo, han vaticinado que la reforma del estatuto no evitará que el abuso se reproduzca de nuevo en el futuro, ya que el acuerdo establece una duración máxima de tres años de temporalidad, pero añade que “no obstante” el interino puede permanecer hasta la resolución de la convocatoria, dejando así sin efecto este plazo máximo.

La sanción existente en el sector privado al abuso de la temporalidad es la estabilidad en el puesto “y en ningún modo puede ser equivalente la indemnización mínima prevista (20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades y vinculada solo al último nombramiento)”.

Finalmente, PILTEx ha afirmado que se une a la petición de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal para pedir que el Congreso “ponga algo de sentido común” y no convalide “semejante despropósito” en contra de los trabajadores públicos y contrario a las directrices europeas.