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Dos diputadas izquierdistas ante la enseñanza concertada, y la pizca de realismo

Víctor Rodríguez Corbacho

En la sesión plenaria celebrada días atrás en la Asamblea de Extremadura se abordaron dos iniciativas parlamentarias relacionadas con la enseñanza concertada en nuestra región. De una parte, una propuesta de impulso formulada por el grupo parlamentario Podemos instando a la Junta de Extremadura a no eliminar unidades escolares de centros educativos públicos, de forma que, en situaciones de escasez de alumnado en zonas donde existan colegios públicos y concertados, se eliminen los conciertos de las unidades de los centros privados (Anexo 1); y a la que ha formulado enmienda de modificación el grupo parlamentario socialista (Anexo 2). Y de otra, una moción subsiguiente a la interpelación sobre la política general de la Junta de Extremadura en materia de educación que fue realizada por el grupo parlamentario popular en el pleno del pasado 20 de abril. La moción del PP insta a la Junta de Extremadura a retirar el proyecto de Decreto de Conciertos Educativos antes de su publicación, a garantizar la renovación de los conciertos educativos existentes, y a adoptar otra serie de medidas, que se concretan, en materia de educación.

La propuesta de impulso de Podemos fue expuesta y defendida por la diputada Irene de Miguel. Refirió la nueva realidad demográfica extremeña, de dinámica de descenso de la natalidad de un 18% en los últimos 15 años, y que se va a acrecentar según todos los modelos de estudio. Realidad demográfica que debe conllevar una nueva planificación y obliga a diseñar un nuevo modelo educativo y debería obligar a tomar partida por mantener o no los conciertos educativos que a todas luces son demográficamente insostenibles, según De Miguel.

Seguidamente, hizo relato del cuándo y el porqué del triple sistema que se instauró con la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación de 1985 (centros públicos, privados concertados y privados sin concertar), para concluir que esta triple vía ha perdido todo el sentido en nuestra región, donde a pesar del descenso de la natalidad permanecen concertados casi el 100% de los centros privados. Añadió, que tal realidad hay que abordarla de forma sensata, sin dogmatismos ni intereses espurios.

También dijo que la escuela pública es el instrumento privilegiado que tiene la sociedad para asegurar la igualdad de oportunidades y contribuir a la cohesión social porque resguarda la gratuidad en mayor medida que la concertada, se respeta la diversidad, y se la integra, mientras la concertada, con honrosas excepciones, no lo hace. Destacó que la propuesta de Podemos es sobre el modelo educativo que quieren para nuestra región, con los pies en la realidad de nuestra tierra: de bajos índices de natalidad y despoblamiento en los pueblos. También defendió que por interés general y estratégico no debemos suprimir unidades de centros públicos en zonas rurales. Nunca por razones económicas, solamente por criterios pedagógicos determinados por la comunidad educativa, enfatizó.

Sobre la concertación de centros en zonas urbanas, interpeló a la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, en los términos: “¿Por qué se consienten ratios elevados en centros concertados mientras los centros públicos pierden líneas?; ¿cuál es el criterio de la Consejería para consentirlo?; ¿encuentra la Consejería más calidad en los concertados que en los públicos?; ¿existe algún tipo de presión?”.

Por último denunció la instrumentalización del alumnado y profesorado hecha por la patronal de los centros concertados el pasado 19 de abril y le exigió a la consejera intervenir ante estos hechos. Calificó de “manga ancha” a PSOE y PP por lo acontecido en la cooperativa La Jara (anterior colegio Compañía de María de Badajoz) y por la concertación del centro María Inmaculada de Villafranca de los Barros, que segrega por sexo, según De Miguel.

La enmienda de modificación del grupo parlamentario socialista fue expuesta y defendida por la diputada Eva María Pérez. De entrada, subrayó que si Podemos insta a la Junta a acabar con una “supuesta manga ancha con la concertada” y el PP insta a la Junta a que no persiga a la concertada, la Junta está justo en el equilibrio, cumpliendo escrupulosamente con la normativa estatal y autonómica. A continuación se dirigió a De Miguel para decirle que no tuviera ninguna duda: “En la defensa de la enseñanza pública hemos estado, estamos y estaremos siempre los socialistas”.

Pérez defendió la regularización en 1985 de los centros privados al ser incorporados a la red de centros sostenidos con fondos públicos con la única finalidad de que pudieran incorporarse a esa red decenas de miles de alumnos. A continuación señaló: que su propuesta de modificación estaba guiada por el principio de complementariedad de la concertada y por el de defensa férrea de la enseñanza pública; que la suya mantiene el espíritu de la propuesta de Podemos, y tan solo le añade una pizca de realismo; que matizaban el punto 1 de la de Podemos porque la realidad del descenso de natalidad afecta a la programación de los puestos escolares y hace inviable la continuidad de las unidades; que estando de acuerdo en el punto 2 y 3 de Podemos deberían ser suficiente razón para que aprobaran nuestra iniciativa; que matizan el punto 5 de Podemos porque la garantía económica suficiente para la enseñanza está en la Ley Educación Extremadura, disposición adicional cuarta.

“Los recursos públicos deben ir donde se garantice la igualdad de oportunidades de todos, este es el posicionamiento del grupo socialista. Que nadie busque a los socialistas en debates obsoletos que aportan mucho ruido, desasosiego y confrontación y ninguna mejora colectiva”, fueron las últimas palabras de Pérez.

A continuación la Presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, preguntó al grupo Podemos si aceptaba la enmienda de modificación del grupo PSOE. Irene de Miguel dijo no.

De Miguel cerró la sesión diciendo que no aceptaban las enmiendas de los socialistas por dos razones. Primera, porque no recogen la sensibilidad y realidad rural de nuestra región. La realidad de los centros públicos rurales no se puede ajustar a la disminución insostenible del alumnado, se deben tratar con criterios no económicos esta realidad. Y segundo, porque en esencia su propuesta sugiere seguir como ya estamos y, eso, en la práctica supone permitir la desaparición lenta y agónica de las unidades en los centros públicos mientras siguen sin cuestionarse la nueva realidad demográfica y social extremeña.

Después, denunció que haya 5 colegios concertados en Plasencia, ciudad con 40.000 habitantes y que uno de ellos, San José, tiene 35 alumnos por unidad, a la vez que la Consejería proyecta la construcción de un nuevo colegio público, que será fruto de la fusión de dos centros públicos de Infantil y Primaria. Le pidió directamente a la Consejera la supresión de unidades concertadas en los centros de Plasencia ante la prevista supresión de uno público, por la fusión referida. “Priorizan ustedes la escuela concertada frente a la pública sin ningún pudor. Cada vez se diferencian menos del partido popular y de las políticas elitistas y segregadoras”, les espetó al final de su intervención.

La votación de la propuesta de impulso tuvo como resultado: 7 votos a favor, 57 en contra y 1 abstención. Después tuvo lugar el debate y votación de la moción del partido popular, arriba indicada. PSOE y Podemos votaron no. Esta vez la pizca de realismo que decía Pérez se hizo patente.

Nota singular.-La diputada Pilar Pérez, portavoz de educación del PP, en su turno se dirigió a Podemos: “Han rechazado la enmienda del Partido Socialista pero realmente era una enmienda que lo único que hacía era situarse en la misma línea de ustedes, y tampoco la íbamos a aceptar ni mucho menos”.

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ANEXO 1.

Propuesta de impulso del grupo Podemos

1.-No eliminar unidades escolares de centros educativos públicos.

2.-Que en situaciones de escasez de alumnado en zonas donde convivan colegios públicos y concertados, se eliminen los conciertos de las unidades de los centros privados y no las unidades de los centros públicos.

3.-No concertar unidades en centros privados mientras haya plazas en centros públicos cercanos.

4.-No permitir que los centros concertados traspasen en sus aulas la ratio máxima establecida por la Consejería de Educación.

5.-Garantizar una financiación suficiente que permita erradicar las desigualdades sociales mediante el incremento de la inversión en Educación, para garantizar la gratuidad total de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la universidad, dotándola de recursos suficientes, incluyendo comedores escolares, materiales didácticos, libros y becas.

ANEXO 2.

Propuesta de modificación del grupo socialista

1.-No eliminar unidades escolares de centros educativos públicos salvo en los casos de disminución insostenible de la matriculación de alumnos.

2.-No concertar unidades nuevas en centros privados mientras haya plazas en centros públicos cercanos.

3.-No permitir que los centros concertados superen en sus aulas la ratio máxima establecida por la Consejería de Educación.

4.-Seguir manteniendo el esfuerzo económico para cumplir con los objetivos de financiación de la Educación previstos en la Ley 4/2011 de Educación de Extremadura.

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