Las empresas que no paguen según el convenio laboral, fuera de la contratación con la Junta
La aplicación del convenio colectivo más favorable, tener un porcentaje mínimo de trabajadores fijos, facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, o dar pluses de transporte y días de asuntos propios, serán criterios unos obligatorios y otros prioritarios para las empresas que quieran contratar con la Junta, cuyo primer ejemplo va a ser la licitación de la limpieza en el hospital de Coria por valor de 1,2 millones de euros.
Después de pactarlo con sindicatos y patronal, la ‘cláusula social’ va a ser de aplicación inmediata en todos los contratos públicos, y los próximos van a ser otros de mantenimiento y limpieza en la misma Presidencia de la Junta.
“Se acabaron los tiempos de bajadas desproporcionadas en la oferta económica que luego recaen sobre las espaldas de los trabajadores”, anunció el pasado viernes el presidente del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara.
Es uno de los acuerdos del diálogo social con sindicatos y empresarios, el unificar y aplicar las disposiciones que sobre responsabilidad social estaban dispersas, y que en la Junta se aplicaban de forma desigual por unos departamentos y otros, aunque no con la concreción y amplitud que van a tener a partir de ahora.
El factor de tener un número mínimo de trabajadores estables y con contrato fijo, o el de pagar sueldos según convenio, van a ser excluyentes y el hospital de Coria es el primer ejemplo al exigirse en lo primero un 75%.
“Solo importaba el precio”
Miguel Coque, de CCOO, y Nereo Ramírez, de UGT, explican que se estaba produciendo un maltrato laboral generalizado por parte de las empresas licitadoras de lo público, que para quedarse con los contratos bajaban los sueldos. “Aquí lo único que importaba a la Administración era el precio”, declara Coque, así que se hacía a costa de las condiciones salariales, un maltrato que se ampliaba si además posteriormente había una subcontrata.
A partir de ahora hay que cumplir el convenio más favorable del sector. “¿Y esto qué quiere decir?”, explica por su parte Ramírez. “Pues que si hay un convenio de empresa, que se han favorecido con la reforma laboral, pero está por debajo del del sector, el que obliga es este último”. Serán los sindicatos los encargados de controlar el cumplimiento de esas condiciones, que además son extensibles a las subcontratas.
La violación de las mismas dará lugar a la rescisión de los contratos públicos, añaden fuentes del Ejecutivo autonómico.
El Gobierno regional ha empezado a aplicar esta política antes de elevarla a rango de ley, como pretende al haberla incluido en el articulado del proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 2016, en los puntos 41 y 42, en los que se habla de estas cláusulas sociales, y entre ellas de favorecer a las empresas que tengan un mínimo del 30% del personal con discapacidad, y para las cuales se reserva un 6% del total de los contratos anuales que se hagan.
Ese rango de ley está en el aire, no obstante, por la falta de apoyo parlamentario que hay de momento al proyecto presupuestario que propone en solitario el PSOE.
En los próximos días se publicarán nuevas licitaciones que primarán a empresas que den facilidades a la conciliación de la vida familiar y laboral en sus trabajadores; o que ofrezcan mejoras a sus empleados como el abono de un plus de transporte, la concesión de días adicionales para asuntos propios, una bolsa de horas libres.
