El excoordinador de Cultura de Villafranca declara este jueves como investigado
El que fuera coordinador del Área de Cultura y Formación de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, Miguel Ángel García Domínguez, declara este jueves en calidad de investigado por una denuncia interpuesta sobre presuntos pagos sin contrato a una asociación.
La declaración tendrá lugar en el Juzgado Número 1 de esta localidad pacense, donde también tuvo que declarar como testigo el actual alcalde de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero, hace varias semanas.
La denuncia hace referencia a un supuesto delito de malversación de caudales públicos por haber pagado presuntamente sin justificar unas facturas a la asociación Q-Crear-T por unos 8.000 euros.
El abogado que interpuso la denuncia, Felipe Manuel Martín Romero, ha anunciado que declaran también en este mismo caso la teniente de alcalde y concejala de Hacienda, María Águeda Antúnez Apolo, y la interventora municipal, María Teresa Álvarez, ambas en calidad de testigos, a petición suya.
El cambio en la condición de testigo a investigado de García Domínguez se sustenta, según la acusación, en las declaraciones “y la amplia documental” aportada el pasado 20 de mayo por el presidente de la Asociación Q-Crear-T, Francisco Javier Vizcaíno, que fue constituida desde el Área de Cultura del Ayuntamiento.
Según señala la acusación la citada asociación giró “al menos durante los años 2014 y 2015 facturas” que presuntamente estaban hechas o encargadas por García Domínguez.
De acuerdo a la denuncia del letrado Martín Romero presentada ante la Fiscalía hace unos meses, la asociación pudo recibir cerca de 8.000 euros del ayuntamiento por unos trabajos no realizados y sin tener relación contractual con el consistorio.
Esas facturas serían para “justificar gastos, muchos de ellos sin control contable alguno, otros mediante pagos en mano y, en última instancia como mecanismo para la distracción de dinero público”, toda vez que una parte de éstos “quedaba al menos en poder de la citada asociación”.
Las otras dos personas que declaran en el juzgado en calidad de testigos, lo harán -dice el escrito de Felipe Martín -después de que el alcalde declarara el pasado 5 de mayo “que él no sabía nada de quién aprobaba los gastos, ni su fiscalización”, ya que la primera función la tiene delegada en la concejala delegada de Hacienda y la segunda corresponde a la interventora municipal.
