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La Junta acude al Fondo de Liquidez Autonómico pidiendo 178 millones para pagar facturas

Clemente Checa, consejero de Hacienda y Administración Pública

Pablo Sánchez

Extremadura pide ayuda al Estado para salvar sus cuentas, en definitiva tras mucho tiempo de negar la evidencia y rechazar ese salvavidas estatal, ahora va a pedir 178 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para generar créditos que permitan pagar facturas pendientes.

Esa es la explicación que ha ofrecido el consejero de Hacienda Clemente Checa confirmando de esta manera la información adelantada por el diarioex en torno a la rectificación que lleva a cabo el Gobierno extremeño sobre este asunto.

Los hombres de negro

Hace unos meses, en primavera, el anterior consejero de Hacienda Antonio Fernández llegó a decir en la Asamblea de Extremadura que el Gobierno extremeño se negaba a acudir al FLA para evitar una imagen de gobierno rescatado e intervenido. “Te ayudan pero te mandan a los hombres de negro”, decía gráficamente Fernández.

¿Qué ha cambiado en ocho meses? Según Checa, han cambiado los otros, Hacienda, que ya no manda a los hombres de negro porque “ha relajado” su actitud frente a las Comunidades deudoras y ya no tiene una actitud tan intervencionista.

Teniendo en cuenta que Hacienda ya no viste de negro y que las condiciones económicas que ofrece el FLA (un año de carencia e interés al 1,5%) son mejores que las que ofrece el sector bancario, parece obvia la operación. Se trata además de una petición urgente. La Junta espera ese dinero antes del 31 de diciembre y Checa reconoce que ya ha habido contactos entre Junta y Hacienda para esa operación.

Para que toda operación pueda cerrarse, falta aún un requisito: el visto bueno y rápido de Hacienda. Con los contactos previos que ya se vienen manteniendo, Checa confía en que no habrá problemas al respecto.

Sostiene el consejero que con esos fondos se va agilizar el pago de facturas pendientes que tiene la Junta. En estos momentos, el Gobierno extremeño tarda 73 días de media en pagar a sus proveedores, incumpliendo así la norma de pago a los 30 días que obliga a las administraciones públicas.

 

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