La Junta se atribuye durante meses poderes especiales de contratación por la pandemia

La Junta de Extremadura ha sacado adelante y convalidado, de nuevo sin un solo voto de la oposición, un decreto que facilita la realización y pago de contratos públicos relacionados con la crisis sanitaria, y que por ejemplo contempla la prórroga forzosa de contratas que vencen durante este período, o pagos a cuenta antes de que acabe la ejecución completa de los trabajos.

Como ya pasara el día 20 de abril con otros tres decretos-ley urgentes, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura (UPE) se han abstenido –en aquella ocasión también hubo votos en contra- porque aunque reconocen la gravedad de la situación y están en general de acuerdo con las medidas, creen que los poderes que se atribuye la Junta son excesivos, llegan por ejemplo hasta final de año aunque haya acabado la pandemia, echan de menos falta de control sobre esas decisiones, y además subrayan que hay impagos anteriores a pymes y autónomos que siguen sin resolverse.

La norma ha salido convalidado por tanto con 34 votos a favor (PSOE) y 31 abstenciones (PP, Cs y UPE).

Primer pleno

El pleno de la Asamblea de Extremadura, primero tras declararse estado de alarma, se ha celebrado con medidas de seguridad, la primera que en vez de los 65 diputados asistieran solo 25: 18 representantes de los grupos parlamentarios, pero que votaban por la totalidad, y los 7 componentes de la Mesa.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha expuesto las medidas ante la Cámara, este jueves, para su autorización.

El Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril incluye tres. La primera establece la prórroga forzosa de los contratos de servicios y suministros que finalicen en los próximos seis meses, para que puedan seguir haciéndose sin perjuicio para empresas y sus empleados; en segundo lugar arbitra un sistema general de pagos parciales a cuenta sobre lo realmente ejecutado en contratos públicos de servicios y suministros. Así la financiación llega según la Junta a los proveedores que han suspendido su actividad por las medidas de confinamiento social y que, “sin esta opción, no cobrarían por sus servicios hasta la finalización de los mismos”.

Y en tercer lugar el Decreto-ley permite que todos los recursos públicos regionales se pongan de modo expreso a disposición de la salud de los extremeños.

“Superpoderes” sin control

Para el portavoz del PP, Luis Hernández Carrón, aunque ahora se quiera agilizar pagos a proveedores, hay desde la Junta impagos “mucho antes” de que empezara la crisis sanitaria, por ejemplo en febrero el plazo medio oficial de retraso superaba los 50 días, hacía cuatro años que no se tardaba tanto, e iban siete meses seguidos por encima de los 30.

Aunque Carrón ha preferido usar la mayor parte de su tiempo en hablar de los “errores” de la Junta en la crisis en vez del decreto ley –ha dicho por ejemplo que debería haber comprado por su cuenta ‘epis’ y mascarillas para los sanitarios-, ha reprochado respecto a este último que con ello se “saltan” la legalidad en contratación pública pero además “lo alargan para todo el año, y no, no podemos convertir la excepción en norma”.

La Junta se atribuiría con este decreto unos “superpoderes especialísimos” para lo que queda de año, sin que paralelamente se prevean mecanismos de control por parte del Parlamento regional.

Ambulancias e impago anterior de facturas

El Gobierno regional no ha contado con nadie para redactar el decreto, ha explicado el portavoz de Ciudadanos, José María Casares, su abstención, entre otros motivos porque además si es verdad que hay problemas para gestionar el presupuesto con rapidez “no se entiende la tramitación acelerada del cambio en el contrato de ambulancias, con un coste adicional de 2,160 millones euros, algo que no era esencial porque no tiene que ver con la crisis, era de transporte programado. Parece más un favor que una necesidad”.

Ha repudiado también la concesión rápida de 1,8 millones de euros para “los sindicatos y patronal del pesebre, algo que nadie entiende en este momento que la necesidad eran mascarillas y ‘epis’ ”.

El decreto que finalmente se ha convalidado viene a rectificar problemas que ha generado otro anterior, aclaraba Lorena Rodríguez, de UPE, que ha destacado cómo la crisis sanitaria ha obligado a las pymes a cerrar sus negocios y luchar por mantener sus empresas.

Reclama control y transparencia en las prórrogas de contratos que se permiten, para evitar “clientelismo”, y denuncia una “generalizada” falta de pago anterior por parte de la Junta, “especialmente grave para pymes y autónomos, impagos que luego hacen efecto dominó en toda la economía”

El programa de gestión económica Alcántara, que estrenó la Junta meses atrás, antes de la pandemia, “está dando muchos problemas, que se agravan con la situación actual, problemas que se unen a la tardanza ya tradicional en pagar”.