Reclaman la protección de los olivos centenarios, una seña de identidad de Extremadura

Ecologistas en Acción de Extremadura ha alertado de la progresiva desaparición del olivar tradicional y ha reclamado que se apruebe una normativa que proteja los ejemplares centenarios y milenarios “que constituyen un valioso patrimonio natural y cultural para la región”.

Señala al peligro que corren con la construcción de plantas fotovoltaicas, obras públicas o por el cambio de cultivo a explotaciones más rentables como el olivar superintensivo, los almendros o los regadíos.

Considera compatible una legislación que contemple que se conserve al menos un buen porcentaje de olivos centenarios en los cambios de cultivo, en la implantación de modelos intensivos, en las obras públicas o en la construcción de plantas fotovoltaicas, integrándolos de una u otra manera en estos proyectos. “Y, por supuesto, se conserven los más monumentales, notables, singulares y milenarios”.

En una nota, el colectivo ha señalado que la cultura ancestral del olivo en Extremadura ha posibilitado que existan ahora ejemplares centenarios de esta especie que constituyen un patrimonio natural, paisajístico, genético, agrícola, cultural y de biodiversidad “valiosísimo”.

“Pero mientras que regiones como Comunidad Valenciana y recientemente Cataluña han protegido sus olivos y acebuches centenarios y milenarios, esforzándose en conservarlos, en Extremadura se siguen ignorando y dejando a voluntad de sus propietarios el conservarlos o, como está ocurriendo, talarlos y hacerlos desaparecer”, ha denunciado.

Catálogo de Árboles Monumentales

La Comunidad dispone de un Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares, entre los que se encuentra el olivo milenario de la Tapada, en La Morera (Badajoz), como único árbol de esta especie, mientras la desaparición del olivar tradicional “se ha convertido en un goteo continuo”.

Ha señalado que la protección de los Árboles Monumentales, Singulares y Notables en Extremadura se aprobó por decreto en 1999 pero aún se encuentra pendiente la aprobación de su reforma desde el año 2018, cuando pasó a consulta del Consejo Asesor de Medio Ambiente y a exposición pública.