Lo llamamos explotación en Badajoz y solidaridad en Ucrania

La operación policial que investiga en Badajoz la presunta venta de cuatro menores por parte de su madre ha provocado el rechazo unánime que cabía esperar. Un niño no se compra. Una niña no se vende. Y nadie tiene derecho a adquirirlo porque lo desee, porque pueda pagarlo o porque encuentre a alguien dispuesto a entregárselo. Hasta ahí parece que estamos de acuerdo. Por eso me interesa otra pregunta, una más incómoda.

¿Por qué cuando una mujer presuntamente entrega a sus hijos a cambio de dinero hablamos de explotación, pero cuando una mujer gesta un hijo para terceros a cambio de dinero todavía hay quien lo presenta como una forma de solidaridad?

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a seis personas en una investigación por una presunta red de compraventa de menores. Entre ellas figura una mujer a la que se atribuye la venta de cuatro de sus hijos. La investigación continúa abierta y todavía quedan muchas preguntas por responder. Habrá que determinar qué ocurrió exactamente, quién intervino, quién pagó, quién recibió a esos menores y si existieron intermediarios que obtuvieron beneficios.

Pero esa última cuestión merece detenerse un momento porque en cualquier negocio de compraventa no solo hay quien entrega, también hay quien recibe y con frecuencia, alguien que hace negocio facilitando la operación.

Se lleva años investigando la industria de los vientres de alquiler y todavía me sorprende la capacidad que tiene para esconder la realidad detrás de un lenguaje cuidadosamente elegido. No habla de negocio, habla de ayuda. No habla de intermediarios, habla de acompañamiento. No habla de clientes, habla de futuros padres. No habla de mujeres cuya capacidad reproductiva se convierte en un recurso disponible para terceros, sino de gestantes altruistas.

Y sin embargo, cuando se aparta toda esa terminología, lo que queda es bastante sencillo de entender. Una mujer pone el cuerpo. Se somete a tratamientos médicos, atraviesa un embarazo y da a luz. Otras personas desean tener un hijo y recurren a un sistema organizado para conseguirlo. Entre ambos aparecen agencias, clínicas, despachos especializados y estructuras empresariales que intervienen en el proceso y obtienen beneficios económicos de él.

Un contrato no convierte una práctica en ética. Tampoco una clínica, un abogado o una agencia internacional. A veces solo sirven para que una realidad cruel resulte más fácil de mirar. Hay quien sostiene que no puede hablarse de compraventa porque no se compra a un niño, sino un proceso de gestación pero el argumento nunca termina de responder a la cuestión fundamental. Todo el procedimiento está diseñado para que al final del embarazo el bebé sea entregado a quienes encargaron el proceso.

No estamos hablando de alquilar una vivienda ni de contratar una reforma. Estamos hablando de reproducción humana. Por eso me llama la atención la facilidad con la que desaparecen determinados argumentos cuando cambiamos de escenario.

Quienes defienden la gestación subrogada suelen recurrir a la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo y al consentimiento libre e informado. Son conceptos que aparecen una y otra vez en el debate público.

Pero si una mujer puede decidir libremente gestar para otras personas, ¿por qué ese argumento desaparece cuando una mujer entrega a sus hijos a cambio de dinero? Si el consentimiento lo resuelve todo, debería resolverlo siempre. Y si no lo resuelve siempre, entonces quizá el problema sea que llevamos demasiado tiempo utilizando la palabra libertad para evitar hablar de desigualdad, de dinero y de poder.

No estoy afirmando que los hechos investigados en Badajoz y la gestación por sustitución sean jurídicamente idénticos. No lo son. Tampoco atribuyo a la mujer detenida circunstancias que desconocemos. Lo que cuestiono es la forma en que utilizamos determinadas categorías morales según el contexto en el que se produce la transacción.

Cuando la historia sucede en un barrio humilde y aparece una madre vulnerable, hablamos de explotación. Cuando intervienen agencias internacionales, abogados, clínicas privadas y decenas de miles de euros, el lenguaje cambia. Entonces aparecen palabras como solidaridad, generosidad, proyecto familiar o ayuda reproductiva.

Pero los eufemismos nunca han cambiado la realidad de las cosas. Desde el feminismo radical se llevan décadas planteando una pregunta: ¿basta el consentimiento para legitimar cualquier actividad económica relacionada con el cuerpo de las mujeres? Yo creo que no.

La falsa libertad

La libertad individual existe, por supuesto. Las mujeres somos capaces de tomar decisiones y no necesitamos tutela. Pero una sociedad no puede analizar esas decisiones al margen de las condiciones económicas en las que se producen ni de las relaciones de poder que las atraviesan. De lo contrario tendríamos que aceptar que cualquier práctica queda automáticamente legitimada por el simple hecho de que alguien esté dispuesto a aceptarla.

Tampoco me convence otro de los argumentos habituales: el sufrimiento de quienes no pueden tener hijos. La infertilidad puede resultar devastadora. El deseo de formar una familia merece respeto. Pero los deseos, incluso los más comprensibles, no generan automáticamente derechos sobre el cuerpo de otras personas. Mucho menos cuando para satisfacerlos es necesario convertir la capacidad reproductiva de una mujer en un servicio disponible para terceros. De eso sabe mucho la activista extremeña Ana Trejo y se puede ver en sus trabajos.

En España, además, los contratos de gestación por sustitución son nulos de pleno derecho. Y el Código Penal contempla sanciones para la entrega remunerada de menores al margen de los procedimientos legalmente establecidos, así como para quienes reciben o intermedian en esas operaciones. Eso no significa que cualquier caso de la mal llamada gestación por sustitución constituya automáticamente un delito. Pero sí pone de manifiesto que la reproducción, la filiación y los intereses económicos asociados a ellas son materias especialmente sensibles para el ordenamiento jurídico.

Por eso me resulta llamativo que la operación de Badajoz se interprete sin dificultad como una presunta compraventa de menores mientras la industria internacional de los vientres de alquiler continúa presentándose en determinados discursos como una obra de bien. ¿Qué cambia realmente? ¿El país donde se produce la entrega? ¿La cantidad de dinero? ¿El poder adquisitivo de quienes participan? ¿La existencia de contratos redactados por despachos especializados?

La operación de Badajoz terminará algún día en los tribunales y serán los jueces quienes determinen qué ocurrió exactamente. Pero hay una pregunta que seguirá ahí después de la última sentencia: ¿Qué diferencia una presunta compraventa de menores de un negocio internacional construido alrededor de mujeres que gestan para otros y de niños cuya entrega está prevista antes incluso de nacer?

Hay quien responderá que la diferencia está en los contratos, en las clínicas o en los despachos de abogados. Yo creo que está, sobre todo, en nuestra capacidad para aceptar determinadas formas de explotación cuando llegan envueltas en un relato amable. Porque cuando hacen falta agencias, abogados, clínicas privadas, decenas de miles de euros y una compleja arquitectura jurídica para explicar por qué algo no es una compraventa, quizá lo primero que deberíamos preguntarnos es si realmente no lo es. Y es que los vientres de alquiler son, a mi entender y sin ningún tipo de dudas, ocurran en Badajoz o en Ucrania, un negocio de compraventa de seres humanos.