La pertinaz deshomologación
El pasado 16 de mayo denunciamos públicamente que a lo largo de cinco lustros, desde el traspaso de funciones y servicio de la Administración del Estado a Extremadura en materia de enseñanza no universitaria, los distintos gobiernos de la Junta de Extremadura habían mantenido la deshomologación salarial entre docentes que prestan el servicio público de la educación en los centros sostenidos con fondos públicos. Decíamos que unas veces sucedía porque los acuerdos económicos para paliar el diferencial entre docentes públicos y privados-concertados llegaban tarde para estos últimos, y otras veces porque se cumplía la perversa máxima de “las promesas se hacen para no cumplirlas”. Fue el caso de la propuesta electoral 677 con la que concurrió José Antonio Monago a las elecciones autonómicas de 2011, que recogía su programa electoral: “Impulsaremos un acuerdo de la homologación salarial del profesorado de la enseñanza concertada”. Pero lo cierto es que Monago acabó su mandato sin dicho acuerdo y con el mayor diferencial salarial conocido hasta esa fecha entre docentes públicos y privados-concertados.
Dos meses después de la denuncia referida, el Boe de 14 de julio publicaba el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. En él Mariano Rajoy determinó que a los docentes de la privada-concertada se les reducía el salario en equiparables cuantías que a los públicos. La aminoración salarial del 4,5% mensual, que con carácter retroactivo desde enero 2012 fue aplicada en diciembre 2012 a los docentes de la concertada, venía de la mano de la modificación de los módulos de conciertos que recogía la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012. Es muy destacable que Rajoy no se olvidó de los docentes de la enseñanza privada-concertada en 2012 a la hora de “garantizar la estabilidad presupuestaria de España”. Nos contempló iguales en obligaciones y así lo decretó. A su vez, los docentes públicos sufrieron la suspensión de la extra de diciembre 2012. La devolución de 44 días de la misma, determinada por sentencia judicial, se hizo efectiva para los docentes públicos pero no para los docentes de la privada-concertada porque el procedimiento de reducción salarial había sido distinto.
Y el 12 de septiembre nuevo Real Decreto-ley en el Boe, esta vez el 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. En el mismo Rajoy determinó continuar con la devolución de la citada extra. Pero ese Real Decreto-ley no recoge una sola línea para hacer semejante devolución a los docentes de la privada-concertada. Como la reducción del 4,5% de los salarios del profesorado de la privada-concertada vino de la mano de la modificación del módulo de conciertos que contemplaban los PGE para 2012, todo indicaba que tal recuperación se haría por la misma vía en los PGE para 2016. Pero las cuentas del reino no contemplan un solo euro para tal fin. El módulo de concierto sube un 1%, que es la cuantía prevista para los docentes públicos. De tal suerte que Rajoy acaba su mandato con el mayor diferencial salarial entre docentes públicos y privados-concertados. Ya vemos: para Rajoy somos iguales en obligaciones pero diferentes en derechos, y remite a los gobiernos autonómicos para que sean ellos quienes salden con el sector los recortes salariales que él ejecutó.
Algún que otro gobierno autonómico “ya estaban en ello”, que diría un castizo. De hecho la consejera de Educación de Andalucía, Adela de la Calle, anunció el 23 de julio en sede parlamentaria que abonaría en 2016 el recorte salarial referido porque los Presupuestos Generales para 2016 de Andalucía recogerían las cuantías precisas.
Por su parte, la consejera de Educación y Empleo de Extremadura, Esther Gutiérrez, se comprometió a estudiar las peticiones que la Asociación de Docentes de la Enseñanza Concertada de Extremadura (Adecex) le presentó en la reunión celebrada el 26 de agosto. “La consejera se ha comprometido a estudiar sus peticiones. Entre ellas, la reivindicación de que los próximos Presupuestos Generales de Extremadura (PGEX) contemplen una partida para que los docentes de los centros concertados y privados perciban un 4,5% de su salario reducido en 2012, el equivalente a la paga extra de Navidad suprimida a los docentes de la enseñanza pública y que éstos ya han empezado a recuperar”, recoge el comunicado remitido por la Consejería de Educación y Empleo al día siguiente de la reunión.
Este viernes hemos sabido que la Junta baraja abonar a los funcionarios en dos plazos el 75% restante de la paga extra suprimida en 2012: a finales de 2015 les pagaría un 26,23% y el resto, 48,77%, a principios de enero 2016. También este viernes nos informan que el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el anteproyecto de PGEX para 2016. En tal sentido, Adecex espera que el compromiso de la Consejera se traduzca en hechos; que los PGEX para 2016 contemplen la partida sobre paga extra que recoge su propio comunicado; que dicha partida cuente con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea.
“Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual”, recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Normalicen pues. No ahonden la pertinaz deshomologación.
