El PP de Almendralejo frena una investigación sobre la empresa Cofely y tendrá que indemnizar

El PP, grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Almendralejo ,se ha negado a abrir una comisión de investigación en torno al intento de adjudicar el suministro eléctrico de la ciudad a la empresa Cofely, una empresa que está siendo investigada por su relación con la trama de corrupción de la denominado operación Púnica.

El grupo socialista, IU y el concejal no adscrito, han pedido la creación de esa comisión porque consideran que ha habido sobrecostes del servicio y un consumo energético sobrevalorado en la memoria del contrato, ha apuntado José María Ramírez quien también ha acusado al gobierno de haberse saltado la “libre competencia” entre las empresas. El Ayuntamiento de Almendralejo fue objeto de un registro por parte de la policía judicial cuando estaba a punto de proceder a la adjudicación del concurso de suministro eléctrico a esa empresa y saltó el escándalo de la operación Púnica.

Posteriormente, se ha desestimado el desistimiento del contrato energético, aunque según indica el portavoz socialista eso podría generar el pago de una compensación a Cofely si esta reclama los intereses de demora. El retraso en seis meses desde la paralización del contrato va a permitir que las dos empresas que concurrieron, tanto Cofely como IMES-API, puedan exigir el pago de los intereses de demora, correspondientes a los intereses bancarios, si los hubiera, a los que las empresas habrían tenido que hacer frente al pagar el 3 por ciento del contrato, que asciende a 20 millones de euros.

Según los socialistas, el equipo de Gobierno popular ha esperado para aprobar la paralización del contrato a que el PSOE formalizara este mes de marzo el recurso contencioso-administrativo, en el Juzgado Número 1 de Mérida, contra el mismo ya que “tiene un montón de cuestiones oscuras”, aunque se presentó en julio pasado. Por su parte, el portavoz del Gobierno local, Luis Alfonso Merino, ha negado que el ayuntamiento esté inmerso en un proceso penal por el caso “Púnica”, sino que el juez de la Audiencia Nacional requirió documentación del contrato, al haberse presentado una empresa relacionada con el pago de comisiones ilegales.