Iniciativa Mérida, viviendas públicas y progreso

Suscitan mucha expectación las iniciativas que Manuela Camena y Ada Colau han formulado sobre la problemática de viviendas, algo que golpea a los activos más frágiles del cuerpo social de Madrid y Barcelona. Manifiestan así una determinación muy demandada, irrenunciable para la sensibilidad progresista. Esta respuesta a la pasividad de los poderes públicos de la derecha española, con solo unas pinceladas de intenciones serias y contundentes, ha despertado el interés mayoritario.

Curiosamente aquí, en Mérida, se ha concretado una intención al respecto, con más alcance incluso que las formuladas por las políticas reseñadas. Si ha pasado desapercibida en el plano nacional es sin duda por la escala menor de nuestra ciudad. La han protagonizado los partidos de la oposición del consistorio emeritense, PSOE, IU y SIEX, en el último tramo de la legislatura 2011/2015. Arrancaba de una Moción conjunta que el Partido Popular rechazó – no podía esperarse otra cosa de quienes en dieciséis años no han promovido ni una sola vivienda de carácter social – y que proponía requerir del Gobierno Autonómico Extremeño la intervención, en orden a sus competencias, en las doscientas dieciséis viviendas de la promotora URBASEVI, “Los Alamos” situadas en la zona de El Prado.

Dichas viviendas se encontraban en situación de “Concurso de acreedores” y por tanto se podían comprar con las condiciones de la normativa concursal, de “quita y espera”, es decir a menor coste del de su origen y aplazando el pago. No era por tanto una propuesta descabellada, ni mucho menos imposible, para negociarla con la entidad bancaria que respaldó los créditos de la inmobiliaria. Lo que proponíamos, a la Junta, era que las comprara, a bajo costo y pago aplazado, las terminara como VPP (viviendas de promoción pública) y las adjudicara a través de los Servicios Sociales de Base. Conviene aclarar que la demanda de ese tipo de viviendas, a las que pueden acceder personas o familias con hasta más de cinco veces el salario mínimo profesional, y que es la vía más común en las sociedades fuertes de Europa, la sitúan los servicios sociales, en Mérida, en cerca de cuatrocientas. Como conviene aclarar, también, que el “Gobierno de Extremadura” ha estado haciendo caja, en estos cuatro últimos años, vendiendo viviendas publicas que no hizo, al tiempo de inhibirse de su obligación de construirlas, muy especialmente en los grandes núcleos en los que arrecian los problemas sociales con virulencia.

Así es que rechazada la Moción, por el Partido Popular, en el Pleno Municipal de Mérida, los proponentes la elevaron a las máximas instancias políticas territoriales, durante el debate de los últimos Presupuestos Autonómicos, en la Asamblea de Extremadura. Allí se aprobó, por todos los grupos progresistas, al margen de un Partido insensible a esta problemática como es el Popular, y se asumió la voluntad de arrancar el proceso a partir del presente ejercicio presupuestario.

Es por tanto innegable que Mérida ha sido pionera en la lucha por conseguir los niveles de cobertura básica que la Constitución determina y que obliga a los poderes públicos, por encima de cáscaras propagandísticas y lucimientos. Han trazado el nuevo camino, tan amplificado por los medios para Madrid y Barcelona, los tres partidos de la oposición municipal emeritense, PSOE, IU y SIEX, que ahora, afortunadamente, conforman mayoría en el Consistorio, por si la experiencia sirve para otros envites sociales que no van a faltar.

Mérida, con diferencia de otros núcleos, es una ciudad pobre, sin suelos agrícolas potentes que, en el ultimo siglo y medio, tras la Desamortización de sus fincas “de propios y comunales”, solo creció con las oleadas aluviales de los ferroviarios, las industrias que aprovecharon su situación estratégica, las de los años del desarrollismo y, ahora, de la Administración Publica y su logística.

Sin embargo hay que explicitar, tajantemente, que siempre la comba del aumento poblacional estuvo acompasada por las viviendas de carácter público o las que se derivaron de las Empresas Industriales que activaron el crecimiento: Viviendas del Matadero, Corchera, RENFE, La Argentina, Sindicales, La Paz y Tercer Milenio. Pero sobre todo Nueva Ciudad en todo su conjunto. Ahí está todo al avance urbanístico de Mérida, junto a la autoconstrucción de los Barrios de la inmigración, de la periferia, en San Antonio, San Juan, Santa Isabel, Cantarranas, San Agustín, Las Abadías, Plantonar de Vera, Carrión, Tres Casas….

Por todo ello, como conclusión, debemos admitir que el crecimiento poblacional de Mérida, está muy ligado a la oferta de viviendas de Promoción Publica, con alquileres en orden a los ingresos de los adjudicatarios. No hay otro camino, como tampoco se puede obligar a nadie a ser propietario. No es lo general en países avanzados de Europa. Es, por tanto, una obligación prioritaria de la nueva Corporación de Mérida, de marcado signo progresista. Como lo asumirá la nueva Junta de Extremadura, interviniendo decididamente en ese compromiso, como hicieron siempre los gobiernos socialistas. Que sirvan pues estos apuntes para fijar la iniciativa que las fuerzas políticas progresistas de Mérida tuvieron – y seguirán teniendo – de cara al compromiso de solventar el problema de la vivienda para las clases sociales menos favorecidas. Mucho antes que se pronunciaran, tan exitosamente, Carmena y Colau. Aunque no faltarán descalificaciones a esta iniciativa, incluso por quienes habitando este tipo de viviendas rechazan tener de vecinos a colectivos más débiles, desde una actitud desclasada que nunca faltó. Habrá que hacer, en este caso, pedagogía social para superarla. Pero ahora procede recordar este arranque político que abrió un camino que va a llegar, sin duda, a la meta deseada. Aquí en Mérida y para que se sepa.