Asociaciones LGTBI piden a la Junta que llene de contenido real la nueva Ley de diversidad sexual
Con el nuevo gobierno de la Junta, y la Asamblea de Extremadura recién montada, Extremadura Entiende y Fundación Triángulo piensan que es el momento de darle contenido a una ley que todos definieron como histórica. Ahora, no quieren que todo quede en ‘papel mojado’.
Han pasado tres meses desde su aprobación en el Parlamento regional y los colectivos que trabajan en Extremadura en defensa de la diversidad sexual reclaman un contenido real.
En la misma línea, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, pide que se cumpla simplemente lo comprometido por la ley, con un correcto desarrollo reglamentario. Entre otras cuestiones, la puesta en marcha del plan integral de educación y diversidad LGBT, el procedimiento para la correcta atención de la intersexualidad, y el protocolo de atención a víctimas de odio, tanto a nivel policial como para la propia administración.
Reclama la puesta en marcha del observatorio extremeño contra la homofobia y la transfobia, y la creación del Centro de Documentación y Memoria Democrática LGBTI de Extremadura. “Y todo ello, necesariamente de manera consensuada con Triángulo y el resto de entidades LGBT extremeñas, como lo fue el texto legal aprobado”.
José María Núñez hace hincapié en que estos compromisos se aprobaron en el pleno parlamentario de la pasada legislatura, pero también los recogen los compromisos electorales de todos los partidos políticos que están presentes en esta legislatura en la Asamblea, previa petición a cada uno de ellos por parte de Triángulo.
Por su parte, la presidenta de la asociación de mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales “Extremadura Entiende”, Marisa González, exige “medidas legislativas concretas que superen las barreras de discriminación que aún existen en España y que se abordan con desigualdad en las distintas comunidades autónomas”.
En ese sentido, ha considerado necesario que “se siga el ejemplo extremeño” en materia legislativa, ya que se precisa “un marco común contra la LGTBfobia, que acabe con la impunidad de los agresores y proteja a las víctimas en todo el Estado español”.
