La Junta regula el traspaso de poderes tras las elecciones para evitar “sorpresas”
La Junta de Extremadura se dispone a revivir en los próximos meses, en época preelectoral, el traspaso de poderes habido hace cuatro años entre el socialista Guillermo Fernández Vara, y el popular José Antonio Monago, para dar a conocer desde su punto de vista cómo estaba la región entonces y cómo se encuentra ahora, y en especial las “partidas y gastos superfluos” que ha habido que eliminar.
La vicepresidenta, Cristina Teniente, ha anunciado este lunes que antes de las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo, responsables de la Junta desfilarán por el Parlamento regional para explicar entre otras cosas cómo estaban y están las empresas públicas, patronatos y fundaciones, y en general las cuentas públicas a las que, sólo en esas partidas y gastos, hubo que aplicar un recorte de 100 millones de euros según ella.
El Consejo de Gobierno ha planteado por ello un proyecto de Ley de Transición entre Gobiernos, que si se aprueba regularía por primera vez en España el proceso de traspaso de poderes para evitar “sorpresas y trucos de última hora” y “conductas poco ejemplares”. El proyecto de ley será remitido de forma inmediata a la Asamblea de Extremadura para que pueda aprobarse antes de las próximas elecciones autonómicas.
Valentín García, portavoz parlamentario del PSOE, cree que una ley de este tipo no haría falta si hay voluntad política de ser “decente”, como fue “modélico” el traspaso que hizo la Administración de Fernández Vara a la de José Antonio Monago en 2011; en cualquier caso se pronunciará sobre el texto una vez que lo tenga en las manos.
Pedro Escobar, coordinador regional de IU, ha enfriado los ánimos de Teniente. Le parece un poco tarde traer esa ley ya que como otras que se han hecho referentes a la transparencia, las medidas para evitar la corrupción, etc., “pierde credibilidad” cuando se hace en vísperas electorales. “Creo que esa ley es necesaria, pero me parece que el momento es el menos adecuado”.
Según la propuesta, la acción de gobierno una vez celebradas elecciones se limitaría prácticamente al despacho ordinario, no se permitiría adoptar medidas que condicionaran al gobierno entrante, como la firma de convenios que supongan un compromiso presupuestario y la aprobación de ofertas de empleo público, entre otras.
El ejecutivo saliente debería detallar el estado de ejecución del presupuestos, la situación de la tesorería, las obligaciones pendientes de pago, los compromisos que afecten a los dos ejercicios siguientes, las operaciones de endeudamiento y el programa operativo. “Que todos los extremeños conozcan”, añade Cristina Teniente, “en qué situación acaba una y empieza otra legislatura”, para una correcta transición de los gobiernos regionales sean del signo que sean.
Oposiciones prohibidas
Con motivo de esa reforma legal, la Junta pretende modificar también el estatuto de cargos públicos para que los altos cargos no puedan presentarse a una oposición, incluso durante dos años después del cese.
Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Cristina Teniente, la modificación en la Ley del Estatuto de Cargos Públicos trata de impedir que cualquiera de ellos pueda sacar una plaza de funcionario convocada por la Junta. Estando en el puesto no se podrían presentar, si un funcionario se presenta y durante el procedimiento del concurso se le nombra alto cargo tendrá que renunciar a la oposición, y además una vez que cese durante dos años tampoco podrá presentarse a ninguna.
Se trata con ello de prohibir conductas “poco ejemplares y que no pueden volver a reproducirse, como que un gobierno en funciones no convoque oposiciones, y deje que un miembro del Consejo de Gobierno se presente a esas oposiciones”. “Muy bien”, ha replicado el socialista Valentín García, “pues entonces podían haberlo hecho antes para impedir que 25 altos cargos del SES se hayan presentado a las oposiciones, como les reclamamos en su día.
