Extremadura exige celeridad y eficacia en el Pacto estatal contra la violencia machista
La secretaria general de Cultura e Igualdad de Extremadura, Inés Carrera, ha exigido máxima celeridad y eficacia“ en el Pacto contra la Violencia de Género porque ”las mujeres no pueden esperar más. Ha confiado en que los 200 millones de euros aprobados por el Congreso para 2018 sean “una realidad”.
Con motivo de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad en el Ministerio de Sanidad, en Madrid, Carrera ha insistido en que “la ciudadanía no puede esperar por más trámites, ratificaciones o consultas”.
Ha dicho que lo necesario es que las comunidades se centren en un plan de trabajo concreto y se pongan a trabajar. “No creemos que esto sea un campo desde el que debamos dar batalla política, pero tampoco entendemos que deba ser ni mucho menos para hacernos una fotografía”, ha explicado.
La secretaria general extremeña ha dicho esperar que el 1 de enero esté disponible la dotación extraordinaria de 200 millones de euros que el Congreso acordó en el caso de que no se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
A su juicio, “en la política si las declaraciones no van acompañadas de hechos, es decir, de presupuestos, actuaciones administrativas y buenos plazos de administración, se quedan en cuestiones vacías de contenido”.
Ha recordado las mujeres asesinadas en España víctimas de la violencia de género, y ha opinado que, aunque que en Extremadura han sido dos, el año a nivel estatal ha sido “dramático” en este asunto.
Las 26 medidas del Pacto
Las 26 medidas con las que va a arrancar el Pacto de Estado contra la violencia de género y que se aplicarán en 2018 incluyen mejoras en la asistencia y protección de las víctimas, en la sensibilización y la educación, y en las formación de los profesionales que intervienen en el proceso.
Estas son las 26 medidas que este miércoles han sido acordadas entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las administraciones locales:
-Medidas de sensibilización y prevención (6 medidas): prevención de violencia de género y sexual en todas las etapas educativas, refuerzo de inspección educativa y formación del profesorado y personal sanitario.
-Mejora de los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones y acreditación de situaciones de violencia para acceder al estatuto integral de protección (3 medidas).
-Perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas en los protocolos de ámbito sanitario (una medida).
-Asistencia y protección de los menores (6 medidas): suspensión del régimen de visitas, estudios sobre la situación de los niños, el régimen de visitas, refuerzo del apoyo y asistencia y prohibición de que el padre maltratador acceda a grabaciones de la exploración judicial de los menores.
-Impulso a la formación de los distintos agentes ampliando la formación de profesionales de justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados y procuradores (4 medidas).
-Seguimiento estadístico (una medida).
-Recomendaciones a las administraciones públicas e instituciones (2 medidas), a través de acuerdos con la Comisión Nacional de Estadística Judicial y con las CCAA para las víctimas de trata.
-Visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres a través de campañas informativas, fomento de la investigación y protocolo común para la actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina (3 medidas).
