Extremadura también llevará al Constitucional el reparto de menores migrantes
La Junta de Extremadura se une a otras comunidades del PP y llevará al Tribunal Constitucional el decreto-ley del Gobierno para el reparto de menores migrantes no acompañados porque considera que invade competencias autonómicas en materia de protección de menores y vulnera principios como la autonomía y la lealtad institucional, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, Victoria Bazaga, tras el consejo de gobierno.
De esta forma, Extremadura se una a la Comunidad de Madrid, cuyo recurso ha sido admitido a trámite por el Constitucional, y al Gobierno de Aragón, que lo presentó este martes.
Los argumentos son similares en los tres casos. La Junta considera que el real decreto “afecta a derechos fundamentales como la libertad o la educación, altera el régimen constitucional de las comunidades autónomas y además no garantiza la financiación necesaria para atender a los menores trasladados”, ha dicho Bazaga, que también ha subrayado que el Gobierno recurre “de forma indebida” al real decreto “para afrontar una situación que lejos de ser extraordinaria es estructural.”
La Junta considera que ese reparto de menores migrantes es una “medida impuesta de manera unilateral, que no respeta los principios de cooperación y solidaridad que deben regir en el Estado Autonómico”.
El Congreso ya convalidó el decreto del Gobierno para tratar de reubicar entre las comunidades autónomas a 4.400 menores migrantes sin amparo familiar que permanecen en Canarias y Ceuta, donde ya hay una alta presión migratoria. De ellos, Extremadura debería acoger a 169, según criterios de población, tasa de paro, renta per cápita y número de plazas creadas de forma estructuras por las comunidades.
De todas formas, es un cálculo provisional y por ello el Gobierno pidió a las autonomías datos sobre el número de menores migrantes que atienden. las comunidades que han presentado el recurso son precisamente las que o no enviaron datos (Aragón) o lo hicieron de forma “muy génerica” (Comunidad de Madrid y Extremadura), según la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y no reflejan el número de plazas ocupadas.
Por ello, el Gobierno pidió que ampliaran la información o tendrían que utilizar los últimos datos oficiales disponibles, de 2023. Con esas cifras son con las que se elaboró el cálculo provisional por el que Extremadura debería acoger a 169 de los 4.400 menores migrantes no acompañados.
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