Extremadura descarta una reválida y realizará una prueba interna en 6º de Primaria con docentes de los centros
Justifica que la prueba que planteaba el Ministerio, denominada ‘reválida’, habría tenido un efecto “pernicioso” para el alumnado y la comunidad educativa, “al someter a los estudiantes a un evidente nivel de estrés y obligar a realizar esta prueba por docentes externos al centro educativo, además de no reflejar objetivamente la dedicación, esfuerzo y rendimiento continuo de los alumnos y alumnas”.
Finalmente la evaluación final de la etapa de Primaria será una prueba individualizada para el alumnado de 6º curso. Es decir, formará parte de la evaluación continua habitual y ordinaria de este alumnado, diferente al planteamiento de la reválida.
La prueba se llevará a cabo los días 13 y 14 de junio, siendo realizada por el propio profesorado de sexto de primaria en cada centro educativo. La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez Morán, ha explicado que Extremadura ha tomado esta decisión “por responsabilidad”. Así los 10.443 estudiantes extremeños de este nivel pasarán una prueba que no tendrá efectos académicos y no servirá para establecer comparaciones entre centros educativos o entre el alumnado, ya que estos resultados solo servirán para comprobar el grado de adquisición de competencias y serán de uso interno de los centros docentes y familias.
Reválida paralizada
La Consejería paralizó de forma temporal la realización de la denominada “reválida” de sexto de Primaria hasta que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes convocara la Conferencia Sectorial de Educación, que es el foro donde deben debatirse estos asuntos.
Puesto que el Ministerio ha convocado la Conferencia Sectorial el próximo día 13, “ya es tarde y no podemos esperar más”, dijo la consejera, quien ha aclarado que su departamento ha tomado una “decisión responsable” sobre qué tipo de prueba se va a hacer en Extremadura para “acabar con la incertidumbre y ansiedad que se está generando en la comunidad educativa”.
Según Esther Gutiérrez, en la Consejería “confiamos plenamente en la capacidad del alumnado y el profesorado”, y con esta medida se evita el estrés que supone la venida de un evaluador externo, para lo cual habría que movilizar a más de 600 docentes con un coste en torno a los 100.000 euros.
