Fiscalía de Mérida pide cinco años de prisión para la exconsejera de Cultura Manuela Holgado

La Fiscalía de Mérida ha pedido cinco años de prisión para la exconsejera de Cultura Manuel Holgado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en relación con facturas y contratos del Festival de Teatro de la ciudad en 2011.

Además, el Ministerio Público solicita cinco años y medio de cárcel para el entonces secretario general de la Consejería, Agustín Sánchez, y para el director general en aquellas fechas, Francisco Javier Alonso de la Torre.

En su escrito de acusación provisional también aparecen el entonces gerente del Consorcio del Patronato del Festival de Teatro, Pedro Salguero, para quien pide ocho años de inhabilitación especial para empleo por dos delitos de prevaricación administrativa, y un técnico de la Dirección General de Patrimonio, para el que solicita seis años de prisión por los delitos de falsedad documental y de cooperación necesaria en malversación de caudales públicos.

Y dos empresarios

En su escrito remitido al Juzgado de Primer Instancia 2 de Mérida, la Fiscalía del Área de Mérida también incluye como encausados a dos empresarios por delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de malversación de caudales públicos, por lo que pide cuatro años y nueve meses de prisión.

En mayo de 2011, expone la Fiscalía, Salguero encomendó a uno de los empresarios ahora encausados la realización de acciones de publicidad y artes gráficas relacionadas con la 57 edición del citado festival por 23.724 euros.

Una encomienda que se realizaría verbalmente, “a sabiendas de la ilegalidad”, de forma “arbitraria”, y “prescindiendo conscientemente de todo procedimiento de contratación en aras de la publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad”.

Un mes después, Salguero, “de nuevo a sabiendas de la ilegalidad, celebró con otro encausado, administrador de una empresa, un contrato de arrendamiento de equipos de sonido e iluminación también en relación con la citada edición del festival por un importe de 215.145 euros, ”sin observar ninguna de las prescripciones relativas a licitación, concurso y publicidad del contrato“.

Además, Salguero sabía que la citada empresa “carecía de los equipos materiales suficientes para la realización de la prestación contratada” por lo que, para su ejecución, esta mercantil subcontrató a dos empresas del sector.

Estas dos últimas, según la Fiscalía, sí contaban con los referidos equipos y habían prestado sus servicios en ediciones anteriores, “encareciendo de este modo el precio final del contrato”.

En dichas fechas, la ahora encausada Manuela Holgado era consejera de Cultura de la Junta de Extremadura en funciones, Agustín Sánchez ostentaba el cargo de Secretario General de la citada Consejería, y Francisco Javier Alonso era el director general de Promoción Cultural de la Junta.

A su vez, todos ellos eran miembros del Consejo Rector del Consorcio del Patronato del Festival de Teatro Clásico de Mérida, entre cuyas funciones figuraba aprobar el presupuesto, recibir rendición de cuentas de la Oficina de Gestión y aprobar la gestión del Festival, entre otras competencias de dirección, administración y gobierno.

En opinión de la Fiscalía, estos tres encausados “eran sobradamente conocedores” tanto de la situación gravemente deficitaria del Consorcio“ como de ”la ausencia de cuentas anuales desde 2007, y que Pedro Salguero no entregaba a la Intervención Autonómica de la Junta la documentación precisa para auditar las cuentas del Consorcio.

Además, en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, Salguero “tampoco colaboró con las labores de auditoría externa realizadas por la empresa ATD”.

A pesar de ello, estos tres encausado aprobaron en su totalidad las propuestas de una programación ampliada del 57 Festival en relación con la de años anteriores, así como la gestión desempeñada por Salguero. 

En este marco, el Ministerio Público expone que estas tres personas, aunque conocían la situación económica deficitaria grave que impediría atender al pago de todos los proveedores, actuaron “de forma arbitraria, a sabiendas de la ilegalidad y movidos por criterios meramente subjetivos de amistad o conocimiento personal”.

Según la Fiscalía, se estableció “un mecanismo para eludir el control de partidas presupuestarias y el control del gasto por parte de la Intervención Autonómica”.

Servicios “no prestados”

Como resultado, uno de los empresarios encausados, con la intención de obtener el pago de unos servicios que no había prestado, giró a la Consejería una factura de 20.650 euros por la colocación de 200 asientos de gradas metálicas en la Alcazaba Árabe de Mérida, a pesar de que tal prestación “no se correspondía con los trabajos supuestamente realizados”.

Asimismo, otro empresario encausado, con la intención de obtener el pago de unos servicios que no había prestado, emitió a nombre de la Consejería una factura de 21.181 euros por fotografías y otros trabajos “a sabiendas de que tal prestación no se correspondía con los trabajos supuestamente realizados”.

El entonces director general de Promoción Cultural elaboró una propuesta de contratación con esta última empresa, aunque conocía “que la referida prestación -afirma la Fiscalía- no había sido realizada” por la empresa, ni había sido contratada por la Consejería.

El encausado Agustín Sánchez, como secretario general de Cultura, autorizó con su firma la referida propuesta de contratación “con ánimo falsario”.

Como consecuencia de estos hechos, se ocasionó según Fiscalía un quebranto a las arcas públicas de 27.926 euros, un importe que los seis encausados deberían reponer a las arcas públicas de la Junta de Extremadura.