IU asegura que FCC-Mérida cobra 119 nóminas pero solo paga 95
Izquierda Unida asegura que el Ayuntamiento de Mérida paga a la empresa FCC un número de nóminas superior al de trabajadores que la empresa tiene, contratados para desempeñar como concesionario el servicio de recogida de basura y limpieza viaria.
Mientras el pliego de condiciones establece que el número de trabajadores que la empresa debe mantener para el desempeño de estas funciones se cifra en 119 puestos, en la actualidad FCC tan sólo contaría con 95 trabajadores en plantilla para la realización de estos trabajos, tal y como se deduce de los datos que obran en poder de IU-Mérida.
Esta situación se traduce en que el Ayuntamiento está abonando a la empresa mensualmente el importe de 24 nóminas de trabajadores que en la actualidad no están en plantilla, lo que constituiría un incumplimiento gravísimo del contrato, que además puede llegar a traducirse en responsabilidades penales tanto hacia los gestores de la empresa que están cobrando indebidamente los importes de las nóminas pertenecientes a los trabajadores que no existen en plantilla, así como para los responsables municipales competentes en el control y seguimiento de la correcta ejecución del contrato.
Actuaciones “corruptas”
Para IU-Mérida, este es otro ejemplo de connivencia que existe entre el Partido Popular y las diferentes empresas concesionarias que actúan en nuestra ciudad, en la práctica de actuaciones “absolutamente corruptas” en las que los fondos públicos y el patrimonio municipal es utilizado por ambas partes en beneficio propio, sin que hasta ahora tengamos constancia de cuál es el destino de los importes pagados en exceso por el Ayuntamiento.
Este hecho adquiere aún mayor gravedad desde el momento en el que el alcalde y candidato a la alcaldía por el PP, Pedro Acedo, ha sido informado por los trabajadores de esta circunstancia, sin que hasta la fecha se hayan adoptado ningún tipo de medidas al respecto para depurar las responsabilidades de diversa índole que pudieran deducirse de esta situación.
La diferencia entre el número de empleados que supuestamente desempeñan sus funciones en la prestación de estos servicios y el número real de trabajadores contratados, surge a partir de la sucesiva disminución de personal que se han producido debido a la jubilación de parte de la plantilla y a la extinción de diversos contratos de relevo vinculados a estos puestos.
