La Junta estima que 300 familias de Badajoz están a la espera de una vivienda social, la cifra más alta de Extremadura
Unas 320 familias de Badajoz esperan aún una vivienda social en la capital pacense, según las cifras que maneja la Junta. Se trata, según el Ejecutivo, de la ciudad con mayor número de demandantes de toda la comunidad autónoma.
El consejero en funciones de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, ha dicho que el parque de viviendas sociales se renueva de forma “constante” en la región, la última entrega este jueves a 19 familias. “El Gobierno extremeño ha tenido que invertir más de 467.000 euros en la rehabilitación de las viviendas entregadas hoy, debido a su alto grado de ”deterioro“ al encontrarse desocupadas o abandonadas por sus anteriores propietarios”.
La lista es de febrero
Explica el gobierno de la Junta en funciones que la lista de aspirantes a estas viviendas se confeccionó el pasado febrero, “con aquellas personas con necesidades de un hogar familiar, las cuales han obtenido una casa en función de la mayor puntuación, según los baremos autonómicos”. Algunas familias con posiciones preferentes en esa lista han acabado renunciando a las viviendas, bien porque su condición económica o de necesidades de vivienda han cambiado o bien porque no les gustaba la zona, asegura.
También ha señalado que al inicio de la anterior legislatura “un 12% de las viviendas sociales estaban deshabitadas u ocupadas ilegalmente, un número que se ha reducido de forma considerable para que pudieran disfrutar de ellas familias necesitadas”.
Desahucio en Almendralejo
También se ha referido Víctor de Moral, a preguntas de los medios, a la situación que vive una familia de Almendralejo (Badajoz), cuyo desahucio se suspendió ayer gracias al apoyo popular.
Ha recordado que cuando no se produce el pago del alquiler mensual, administrativamente se inicia un proceso de desahucio autorizado por un juez, aunque el Gobierno extremeño en funciones no va a hacer estos días “ningún lanzamiento”.
La Consejería que dirige en funciones ha transmitido a “Campamento Dignidad” que hay “decenas de medidas” implantadas por su gobierno para que en el caso de impagos no deba producirse el lanzamiento, como por ejemplo “dos años sin pagar el alquiler si se demuestra la difícil situación económica”.
