Los pisos tutelados de menores en Extremadura tendrán dos trabajadores por turno y botón del pánico

La Junta de Extremadura ha autorizado la contratación del servicio de 20 plazas en tres hogares destinados a menores para el cumpliendo de medidas judiciales, en Badajoz y Cáceres, que contarán con un mínimo de dos trabajadores las 24 horas del día los siete días de la semana y 'botón del pánico' ante situaciones de violencia.

Esta licitación se publica después del asesinato en marzo pasado de una educadora social en una de estas viviendas en Badajoz, durante un turno de noche en el que solo estaba trabajando ella.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha explicado que se encontraban trabajando en la elaboración de un nuevo pliego de mejora del contrato vigente cuando sucedió el “fatídico hecho”, en alusión a la muerte de la educadora social, y ahora dan respuesta al compromiso adquirido con los colegios y asociaciones de profesionales del ámbito social.

García Espada ha señalado que el nuevo contrato “contribuirá a garantizar las condiciones de seguridad y calidad en su trabajo”. Para ello, han duplicado el presupuesto base de licitación, de 1,8 a 3,5 millones de euros (85% de fondos europeos), y entre las condiciones impuestas se contempla una ampliación del número de profesionales para garantizar la presencia de dos, al menos, en cada turno. “No volverán a quedarse solos, tal y como llevan demandando -los trabajadores- desde hace años”, ha recalcado.

La consejera ha comentado que se introduce una nueva categoría profesional, con un perfil relacionado con el control, la seguridad y la contención, “la de auxiliar de control educativo”, que se suma a los actuales psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales y auxiliares técnicos educativos, dentro de un equipo multidisciplinar.

García Espada ha expuesto que será obligatorio disponer de un sistema de alarma, tipo “botón del pánico”, que garantice una respuesta rápida ante situaciones de riesgo para la integridad física de los menores o de los trabajadores.

Además de un protocolo especifico de actuación ante situaciones de violencia; y de una herramienta técnica de evaluación del riesgo de reincidencia, “que deberá utilizarse tanto durante el proyecto educativo como en el informe final de cada residente”, ha precisado.

El proyecto educativo para cada joven deberá contemplar medidas que vayan más allá de lo asistencial, incluyendo actividades formativas, intervención psicosocial y terapéutica, fomento de hábitos de vida saludables y apoyo real a la inserción sociolaboral, con un objetivo claro, ha dicho García Espada, “prevenir la reincidencia y facilitar la verdadera reintegración social de los menores”.

La consejera ha aprovechado su intervención para destacar el refuerzo de los recursos del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales 'Vicente Marcelo Nessi' de Badajoz, tanto en la seguridad como la atención educativa de los menores internados. El centro, con capacidad para 50 plazas, tiene a 33 menores.