Portugal lleva el almacén de residuos nucleares de Almaraz a la UE ante el desencuentro con el Gobierno de Rajoy
La construcción del almacén de residuos nucleares de Almaraz desemboca en un conflicto entre España y Portugal que deberá dirimir la Comisión Europea.
El Ministerio de Medio Ambiente emitió semanas atrás la declaración de impacto ambiental favorable al Almacén Temporal Centralizado (ATI), que abría las puertas a su construcción de manera inminente. Pero el proyecto no ha sido consultado a Portugal.
La central se encuentra a 100 kilómetros de la frontera con el país luso y la directiva europea contempla que también deben estudiarse los impactos un proyecto así tendría en el país vecino. Este es el argumento que el ministro luso de Medio Ambiente puso encima de la mesa en una reunión en Madrid con el Gobierno para abordar el proyecto del almacén por la cercanía de la instalación con la frontera. El encuentro terminó sin acuerdo, y Portugal anuncia que el caso lo dirimirá la Unión Europa.
Impacto ambiental transfronterizo
Ante la falta de consenso el ministro Joao Matos Fernándes anunció que pedirán a la Comisión Europea que intervenga para que se haga una declaración de impacto ambiental transfronteriza del almacén de residuos nucleares que de la central nuclear de Almaraz.
Las obras de construcción del proyecto eran inminentes tras la declaración de impacto favorable del Ejecutivo de Rajoy, pero la situación puede dar un giro después de que Portugal reclame participar en el correspondiente periodo de información pública para poder hacer alegaciones.
“La directiva europea es muy clara, cuando hay un proyecto con impactos transfronterizos el estudio de impacto ambiental del mismo debe incluir a los dos países implicados y esto no ha ocurrido con el ATI de Almaraz”, informa Efe.
Respaldo unánime de la Asamblea de Portugal
El representante del Ejecutivo luso fue claro ante la prensa y trasladó que la DIA favorable del Ejecutivo de Rajoy, sin la inclusión de Portugal, ha causado “malestar” entre países amigos y vecinos.
Cuenta con el respaldo unánime de la Asamblea de la República, que dio luz verde a una resolución que condena la posibilidad de la construcción del ATI de Almaraz. Según los siete partidos políticos de ese Parlamento la decisión supone impactos y riesgos transfronterizos, y sin embargo el Gobierno español ha “ignorado” al Ejecutivo y al pueblo lusos.
Detrás del ATI se encuentra el debate de la ampliación del periodo de vida útil de las instalaciones, que el Parlamento de Portugal ha definido como “obsoleta”, la más antigua de todas las que operan en la actualidad en España.
La resolución aprobada en Portugal se queja de que la construcción de un nuevo almacén puede ser la puerta para ampliar la capacidad de combustible gastado es un indicio de que quieren ampliar la vida de Almaraz.
Concentraciones en Madrid y Lisboa
La repulsa ciudadana a la construcción del almacén de residuos nucleares también llegó este jueves a las calles de Madrid y Lisboa. Activistas de la plataforma Movimiento Ibérico Antinuclear se manifestaron a las puertas de del ministerio de Medio Ambiente mientras tenía lugar la reunión entre los gobiernos de España y Portugal.
Allí mostraron su repulsa al ATI de Almaraz y advirtieron, en consonancia con el gobierno luso, que el proyecto nace con la intención de extender su vida útil hasta los 60 años, con el consiguiente aumento de residuos nucleares que esta ampliación produciría.
Mientras, en Lisboa se celebró una concentración a las puertas del Consulado de España para pedir al Gobierno español el cierre de la central y contra del cementerio nuclear temporal.
El acto fue convocado también por el Movimiento Ibérico Antinuclear, que agrupa a unas 50 organizaciones ecologistas y ciudadanas, entre ellas Ecologistas en Acción y partidos políticos españoles y portugueses. Contó con la presencia de Podemos Extremadura -liderado por su secretario general, Álvaro Jaén- y colectivos sociales como Marea Granate.
Entre otras reivindicaciones piden a las autoridades portuguesas “que se posicionen a favor de una fecha de cierre definida de la central, que debería coincidir con su permiso de explotación”, en 2020.
Los antinucleares afirman que la central “pone en riesgo no solo el territorio español sino también el portugués a través de la posible dispersión de radiactividad por la atmósfera y por el río Tajo en caso de accidente con escape radiactivo”.
