PSOE y PP se enfrentan por la contrata de los apartamentos universitarios de Cáceres
El Grupo Municipal Socialista de Cáceres ha criticado el “silencio” del equipo local de Gobierno del PP ante los incumplimientos del servicio de concesión de los apartamentos universitarios, mientras que el equipo de Elena Nevado señala que “no es una competencia municipal”.
El portavoz del PSOE, Luis Salaya y la edil socialista, Belén Fernández, han calificado este asunto de “turbio y feo”. Explican que se trata de una empresa cuyo administrador es “el hermano del ex alcalde del PP José María Saponi y que fue adjudicada en su época”.
Por su parte el PP ha contestado que “lo único turbio es el pensamiento de los socialistas” y que la alcaldesa, Elena Nevado, invitó a la edil Belén Fernández a una de las reuniones celebradas entre las distintas partes para que tuviera conocimiento, de primera mano, de la situación de los apartamentos.
Fernández ha explicado que esta situación se hizo pública en junio de 2016 cuando trabajadores de la empresa concesionaria, AdomiSacor, denunciaron impagos de salarios. Ha recordado que la Universidad de Extremadura ha reclamado por vía judicial al consistorio 143.000 euros por los gastos del consumo eléctrico en los apartamentos del campus.
Sobre este asunto, el equipo local de Gobierno ha mostrado sorpresa porque la Universidad de Extremadura (Uex) reclame ahora una cantidad en concepto de gastos de luz al Consistorio Municipal puesto que “el Ayuntamiento no tiene ninguna factura pendiente de pago de la Universidad”. Para el PP es “algo que debería negociar con la empresa que gestiona estos apartamentos en suelo de la Universidad de Extremadura”.
Otro de los asuntos que ha denunciado el PSOE es que la empresa “no se encuentra al corriente de pagos de la Seguridad Social”, una cuestión que, señala, “tenía que haber impedido la subrogación del contrato año tras año”.
El Ejecutivo local responde que el contrato vencía en enero de 2017 pero que el curso escolar concluye en junio, por lo que “no se podía dejar a los alumnos sin residencia a mitad del mismo, algo que parece no preocupa al PSOE, más interesado en criticar al ayuntamiento que en pensar en los estudiantes”.
Ante toda esta situación, Salaya y Fernández han pedido a la alcaldesa que tome medidas y “abra expediente a la empresa”, y que, de no hacerlo así, analizarán “emprender acciones legales”. Los populares, por su parte, concluyen con la acusación al grupo socialista de “su obsesión por atacar al ayuntamiento, defender a la Junta y no pensar ni mencionar a los estudiantes”.
