El regadío de Tierra de Barros ya tiene calendario: obras en 2027 y un requisito clave antes de octubre
El proyecto de regadío de Tierra de Barros comienza a despejar su horizonte temporal, aunque con deberes urgentes para el sector. El Ejecutivo regional prevé iniciar los trabajos sobre el terreno a principios de 2027 con una inversión inicial de 20 millones de euros contempla en las cuentas públicas, según ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, en la Junta General de la Comunidad de Regantes.
Para garantizar el cumplimiento de esta hoja de ruta, la Consejería prevé formalizar en noviembre el encargo de las obras a la empresa pública TRAGSA. Sin embargo, la movilización de los recursos públicos está condicionada a un paso previo: los agricultores interesados deben concretar su compromiso de forma inminente.
Antes de mediados de octubre, la Comunidad de Regantes deberá entregar a la Administración el listado definitivo y actualizado de comuneros, precisando las hectáreas exactas que cada explotador prevé incorporar al sistema. Para validar dicha relación y certificar la implicación real del campo, la entidad solicitará una garantía de 150 euros por hectárea a los agricultores incluidos en la lista.
La inyección inicial de 20 millones de euros por parte de la Junta permitirá acometer los primeros trabajos sin que los regantes tengan que desembolsar dinero en esta fase previa. El objetivo prioritario de este primer tramo de inversión es evitar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un escollo técnico que paralizaría el expediente.
Rediseño técnico y nuevo convenio en 2028
De forma paralela al despliegue sobre el terreno, la Consejería redactará un nuevo proyecto constructivo. El documento corregirá los errores del diseño anterior, se adaptará a la normativa vigente e incorporará tecnologías para optimizar el ahorro hídrico y energético, lo que requerirá tramitar las modificaciones correspondientes en la DIA.
El coste orientativo de la transformación se calcula en unos 6.000 euros por hectárea. Para las etapas posteriores, se estudiará un modelo de financiación conjunta entre la Junta, fondos europeos y las aportaciones de los comuneros. Una vez fijados los compromisos de hectáreas y redactado el proyecto, la previsión es firmar un nuevo convenio en 2028 entre la Junta y la Comunidad de Regantes para continuar la ejecución ese mismo año.
Seguridad hídrica para el sector vitivinícola
Desde la Consejería de Agricultura sostienen que el desarrollo del regadío garantizará una disponibilidad de agua “más constante y previsible” frente a periodos de sequía, facilitando la ordenación y regularización de los aprovechamientos existentes bajo el marco ambiental actual.
Esta estabilidad resulta estratégica para el tejido agroindustrial de Tierra de Barros. Contar con un suministro previsible permitirá a cooperativas y bodegas planificar con mayor rigor las producciones, organizar la vendimia con antelación, asegurar la calidad de la materia prima y cumplir con solvencia sus compromisos de comercialización.
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