Unanimidad para pedir a la Junta que negocie el regreso del personal de Tragsatec
La Asamblea de Extremadura ha instado a la Junta de Extremadura, por unanimidad, a que medie y negocie con el Grupo Tragsa y Tragsatec la paralización de los despidos de sus trabajadores en Extremadura, así como la reversión de los ya ejecutados.
Lo ha hecho con la aprobación de una propuesta de impulso formulada conjuntamente por PP y Ciudadanos que ha contado con el voto favorable de Podemos, tras aceptarle una enmienda de adición, y también del PSOE, pese al rechazo de una enmienda que también habían presentado los socialistas.
En esta iniciativa se insta al Gobierno regional a que, con carácter inmediato, medie y negocie con los responsables del Grupo Tragsa y Tragsatec para paralizar el proceso de despidos de sus trabajadores en Extremadura y mantener a toda su plantilla.
Con la enmienda de Podemos se emplaza también al Ejecutivo a actuar para que “se reviertan los despidos ya ejecutados bajo una fórmula de contratación estable y de calidad”.
La portavoz de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha lamentado que la Junta “llegue tarde” porque, ha argumentado, ya en diciembre tuvo la oportunidad de haber liderado esta defensa de los puestos de trabajo y no lo hizo alegando que competía al Gobierno central por tratarse de empresas adscritas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
A este respecto, ha afirmado que no se entiende que se despida a 61 trabajadores con experiencia y cualificación “para contratar a otros”, y menos que lo haga una empresa pública que es contratista de la Junta.
Por ello, ha instado al Ejecutivo regional a actuar para garantizar el mantenimiento de los trabajadores, “vista la gravedad de la tuberculosis bovina en Extremadura” y ante el aumento de los fondos destinados al saneamiento ganadero.
Por el Grupo Popular, el diputado José Antonio Echávarri ha considerado que el Gobierno extremeño “se ha puesto de perfil” en este asunto, pese a que en el año 2011, el PSOE entonces en la oposición, instó al Ejecutivo de José Antonio Monago a actuar contra otro proceso de despidos que sufrió Tragsatec.
Echávarri ha instado a la Junta a “hacer los deberes” porque tiene “toda la competencia para exigirle a la empresa que no haya en Extremadura ningún despido”, y ha planteado, como posible alternativa si ello no se consigue, que tramite una encomienda de gestión al grupo GPEX para contratar a los afectados.
El diputado de Podemos Daniel Hierro ha acusado a los socialistas de protagonizar una situación “esquizofrénica” por su cambio de criterio según ejerzan la oposición y el gobierno, y ha espetado a la Junta de Extremadura que sí que puede “presionar” para poner fin a un “atropello brutal” de los derechos de los trabajadores.
El aumento de la partida destinada a la saneamiento animal debido a la problemática de la tuberculosis bovina es una prueba, en su opinión, de que el ERE de Tragsa y Tragsatec carece de condicionamiento económico y social.
En representación del Grupo Socialista, la diputada María Teresa Macías Mateos ha recriminado a Echávarri que se ponga medallas atribuyéndose la paralización del ERE de 2011 porque “no es cierto”, y ha afirmado que su partido también reivindica el reingreso del personal afectado pues, “no hacer ruido no significa que no trabajemos”.
Dado que esta reivindicación es compartida por todos, ha manifestado el apoyo del PSOE a esta iniciativa, pese a que no haya sido aceptada su enmienda en la que instaba no sólo a la Junta a actuar, sino también al Gobierno central por tratarse de dos empresas públicas estatales.
Asimismo, prueba del compromiso del PSOE con los trabajadores, ha informado de que el Grupo Socialista ha registrado hoy una proposición no de ley en las Cortes Generales pidiendo el reingreso de los trabajadores, por lo que ha emplazado a PP y Podemos a votar en su favor en el Congreso.
