Unidas por Extremadura pide una ley regional de vivienda más ambiciosa tras la anunciada por el Gobierno

Unidas por Extremadura ha afirmado que la nueva ley de vivienda de Extremadura, aprobada hace menos de un mes, se ha quedado “descafeinada” tras el pacto alcanzado entre el Gobierno y sus socios parlamentarios para aprobar la norma estatal en el Congreso, por lo que ha pedido su actualización.

“La ley se ha quedado ya descafeinada con este nuevo marco nacional”, ha manifestado este lunes su candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, para quien la nueva ley nacional es una muestra de que “cuando el gobierno socialista está solo, se queda en políticas descafeinadas que no llegan a la raíz de los problemas”.

Ha señalado además que la propuesta de su partido para Extremadura es ampliar el parque de vivienda pública en 3.000 inmuebles, procedentes tanto de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) como de viviendas que se encuentran vacías en los cascos urbanos. A este respecto, ha valorado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible pues, según ha señalado, era “obvio y lógico” que las viviendas del conocido como banco malo fueran gestionadas desde los poderes públicos como vivienda de alquiler.

Frente a ello, ha aseverado que la derecha ha considerado la vivienda como un bien de mercado “con el que hacer negocio y especular”, algo que se prohibirá con la nueva ley nacional, que viene a garantizar el derecho a una vivienda digna a las familias y a los jóvenes, ha destacado.

No obstante, ha aclarado que ahora las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que aplicar esta ley en sus territorios, por lo que “veremos si quieren gobernar para la gente o para los fondos de inversión o grandes tenedores de vivienda”.

Sequía

Por otra parte, la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta ha advertido del impacto que la sequía está teniendo en el sector primario, con la pérdida ya de la cosecha de cereal en la comarca de la Campiña Sur. Frente a ello ha exigido a la Junta medidas concretas para evitar que los productores abandonen la actividad porque “este año muchos de ellos lo van a pasar muy mal para poder cuadrar las cuentas”.

En su opinión, se necesita “urgentemente” un plan a medio y largo plazo para que el modelo agroalimentario se adapte mejor a los periodos de sequía, un refuerzo de los seguros agrarios y “mucha más investigación” para lograr variedades más resistentes a la falta de agua. Según De Miguel, los efectos de la sequía no se van a solucionar aumentando regadíos como el de Tierra Barros, sino yendo “a otro modelos que prevenga y haga más resiliente”.

Por otra parte, ha animado a los animado a los extremeños a participar en la manifestación convocada el próximo sábado en Mérida por el movimiento Extremadura por la Sanidad Pública en defensa de un modelo de sanidad pública, universal y de calidad. Ha criticado que el Gobierno de Andalucía ha decidido despedir a 8.000 profesionales sanitarios a la vez está privatizando la Atención Primaria y que el Ejecutivo de Extremadura “va a la zaga” porque hay déficit de profesionales, “largas” listas de espera para el médico de cabecera y áreas sanitarias rurales “absolutamente abandonadas a su suerte”. A ello ha sumado que, “año tras año”, se aumenta la partida presupuestaria destinada a las derivaciones a la sanidad privada.

Por contra, ha indicado que Unidas por Extremadura se compromete a que el 25 % del presupuesto destinado a sanidad se dedique a la Atención Primaria y a que una persona no tarde más de 48 horas en ser atendida por su médico de familia.