Requieren a 12 ayuntamientos extremeños la retirada de simbología franquista
El abogado Eduardo Ranz, en coincidencia con el Día de la Fiesta Nacional, ha ampliado a 301 municipios españoles, entre ellos algunos extremeños, y al Banco de España los derechos de petición de retirada de simbología de exaltación de la guerra civil y dictadura franquista, a fin de que cumplan la Ley de Memoria Histórica.
A esto hay que sumar las 30 demandas judiciales ya admitidas a trámite (entre las que se encuentran las de Guadiana del Caudillo y Villafranco del Guadiana).
Según el listado facilitado por el abogado, los municipios extremeños afectados son Peñalsordo en la provincia de Badajoz, y en la de Cáceres La Garganta, Villa del Campo, Berrocalejo, Casas de Don Antonio, Casas de Don Gómez, Collado de la Vera, Navalvillar de Ibor, Peraleda de San Román, Ruanes, Santa Cruz de Paniagua y Santibáñez el Alto.
En un comunicado, ha señalado que si los municipios requeridos no cumplen con lo solicitado en el derecho de petición dentro de tres meses, que es el plazo que marca la ley, interpondrá la demanda contencioso-administrativa como ya es el caso de los otros 30 municipios.
Ha recordado que las obligaciones de los consistorios en materia de memoria histórica son dos: realizar el catálogo de vestigios y la retirada inmediata de éstos.
“La Ley de Memoria Histórica cumplirá el año que viene 10 años, el tiempo que los ayuntamientos llevan incumpliéndola”.
En su opinión, desde un punto de vista democrático y jurídico hay dos opciones: “Dar cumplimiento a la misma de forma inmediata o seguir dilatando, y con ello ser cómplices del golpe de estado de 1936, contra la legalidad de la II República”.
El abogado ha explicado que en todos los municipios se solicita la redefinición de diversas calles como José Antonio, Generalísimo, 18 de Julio o Queipo de Llano; todas las calles han sido cotejadas con la Dirección General del Catastro, donde así constan.
En el caso de la sede principal del Banco de España en Madrid se observa en la primera planta, según Ranz, un escudo preconstitucional y a su vez, en la sede de este organismo en Alicante un escudo franquista en la vidriera.
