El SES no acepta hacerse cargo de las prisiones por solo 3,2 millones al año

Las discrepancias sobre el coste del traspaso de la asistencia sanitaria de los centros penitenciarios de Badajoz y Cáceres al Servicio Extremeño de Salud (SES) mantienen en suspenso este proceso, que afectaría a más de un millar de reclusos y de una treintena de trabajadores.

De su resolución dependerá que se lleve a efecto o no, ha afirmado este viernes el director general de Planificación Económica del Servicio Extremeño de Salud (SES), Federico Delgado, que ha comparecido en la Comisión de Sanidad de la Asamblea para responder a una pregunta del diputado del PP José María Saponi sobre este asunto.

En su intervención, Delgado ha explicado que los trabajos para la asunción de la asistencia sanitaria penitenciaria se iniciaron en la legislatura 2007-2011 y fueron paralizados en la siguiente, bajo el mandato de José Antonio Monago, para ser retomados en la vigente.

Ha precisado que en noviembre de 2017 se mantuvieron reuniones con responsables de Instituciones Penitenciarias en las que el SES mostró su interés en asumir unas competencias que hasta esa fecha solo tenían asumidas Cataluña y País Vasco.

A éstas siguieron otros encuentros en el primer trimestre de 2018 en los que se acordó fijar un calendario y crear una comisión para analizar la situación y fijar la coordinación de las dos prisiones con la red asistencial del SES.

Llegados a este punto, el SES planteó una valoración económica del coste del traspaso “con discrepancia” con Instituciones Penitenciarias, y ése es el elemento “que posibilitará o no” finalizar este proceso, ha indicado, sin precisar la cuantía apuntada por la Administración sanitaria.

Subida de sueldos

A este respecto, ha subrayado que el SES debe “ser escrupuloso” en cuantificar el “coste real”, pues ha vaticinado que, una vez transferidos los centros, habrá que mejorar los estándares de calidad de sus servicios para situarnos al nivel del SES, además homologar retributivamente a su personal.

José María Saponi ha acusado a la Junta de “no haber hecho los deberes” para afrontar esta integración pese a que la Asamblea aprobó, en 2016, una iniciativa del PSOE y otra de Podemos en este sentido, a su juicio presentadas porque quien gobernaba entonces el país era el PP.

Ha precisado que afecta a más de un millar de reclusos y 34 profesionales “que están sufriendo un trato discriminatorio”, los primeros por carecer de una serie de derechos de los que disfrutan cuando se encuentran en libertad, y los segundos en materia laboral.

Ahora, ha denunciado, la Junta “no tiene voluntad” para afrontar esta integración poniendo como “excusa” la precariedad económica, pese a que el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria ha estimado el coste en 3,2 millones, una cifra que a juicio de Saponi que condiciona “una mínima parte el presupuesto del SES”.

A ello ha sumado que el PSOE rechazó la enmienda parcial presentada por su grupo por 1,2 millones de euros a los presupuestos regionales de 2019 para dedicar 1,2 millones a este proceso de transferencia que, según el director general, fue rechazada porque detraía esta partida de los fondos ordinarios del SES.

El director general le ha informado además de que el SES facturó a Instituciones Penitenciarias 1,8 millones de euros en 2017 y 2018 por prestaciones farmacéuticas, otras prestaciones y el tratamiento de la hepatitis.

En la legislatura de Monago, le ha reprochado, no se facturó ni una sola factura, pese a que “estamos hablando de un importe cercano al millón de euros al año”.