El alcalde de Almendralejo declara este martes como imputado dentro del caso Púnica
El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado este martes como imputado al alcalde de Almendralejo, José García Lobato, en relación al posible amaño de un concurso para adjudicar un contrato de eficiencia energética con Cofely -empresa vinculada a la trama- que finalmente fue paralizado.
García Castellón también ha citado a declarar a Luis Alfonso Merino, primer teniente de alcalde del Consistorio extremeño; al concejal Carlos González, ambos del PP; así como a Gonzalo A. Parra. propietario de la empresa “Electrificaciones Parra SL” y a Enrique Salas, que fue consultor externo de Cofely, según han informado a Efe fuentes jurídicas.
Los hechos
García Lobato, alcalde del Partido Popular, ha sido llamado a declarar por unos presuntos ilícitos cometidos durante el proceso de licitación del contrato de servicios energéticos del Ayuntamiento de Almendralejo por importe de 20 millones de euros, en el que aparece la empresa Cofely, vinculada a la trama corrupta.
Este contrato no llegó a formalizarse en tanto que el concurso público fue finalmente paralizado en octubre de 2014 por orden de la Audiencia Nacional.
En un informe remitido al juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, que ahora dirige García Castellón, la Guardia Civil atribuye al alcalde cuatro delitos por presuntamente intentar amañar dicho concurso público.
Declaración aplazada
García Lobato estaba citado a declarar en un principio el pasado 27 de noviembre, si bien su defensa solicitó al juez que aplazase su declaración. En la misma providencia en la que cita a los cinco investigados, García Castellón acuerda más declaraciones del presunto “conseguidor” de la Púnica, David Marjaliza, en relación a la pieza sobre Prisma (Plan Regional de Inversiones y Servicios de Madrid)-Arpegio, aunque no especifica la fecha concreta en que comparecerá.
García Castellón investiga en esta pieza la gestión de los fondos públicos del plan Prisma que realizó la empresa pública Arpegio ante la sospecha de que promotores pagaron comisiones por estos contratos al amparo del exconsejero madrileño Francisco Granados.
