El juicio que incluye a un concejal de Podemos Mérida se suspende por tercera vez
El juicio en el que se acusa a tres activistas del Campamento Dignidad de un delito de ocupación de las viviendas de la urbanización Los Álamos de Mérida, previsto para ayer, se suspendió por la incomparecencia de dos testigos, representantes de ‘la Caixa’, propuestos por los acusados.
A petición de la defensa, que propuso esos testimonios, y a pesar de que la Fiscalía se ha opuesto, la jueza ha suspendido la vista oral, que se ha pospuesto para el 7 de julio.
Es la tercera vez que se suspende el juicio a estos tres miembros del Campamento Dignidad, a los que se les pide una multa de 1.800 euros a cada uno. Entre ellos está Ramón Carbonell, militante de Podemos y que desde el domingo es también concejal electo de Mérida Participa; aunque fuera condenado, no llevaría inhabilitación por lo que podrá tomar posesión tranquilamente de su cargo el próximo sábado 13 de junio.
La primera vez se suspendió por incomparecencia la antigua empresa propietaria de los pisos y denunciante, Urvasevi, y la segunda por la ausencia de uno de los abogados de los acusados.
En esta ocasión, según ha explicado el abogado de los acusados Crescencio Canelo, los dos testigos propuestos son representantes de la Caixa, principal acreedor del concurso de acreedores de la empresa promotora y que por sería sería el titular de las viviendas. Estos dos testigos no fueron citados por el juzgado, con lo que se “vulnera el derecho de defensa”.
Solo alquileres sociales
Canelo explica que pueden aportar “razonamientos interesantes” para la absolución de los tres acusados, que es lo que pide la defensa. Y es que para su defensa proponen los testimonios de entidades e instituciones con las que los ocupantes se reunieron para aclararles que solo querían que se pusieran en alquiler social para familias necesitadas; para ello proponen también al Ayuntamiento de Mérida, y a la Consejería de Fomento.
Para los abogados de los tres acusados el procedimiento está “errado”, porque se retiró la acusación particular de Urvasevi, la empresa que acusaba a las 10 familias que ocuparon estas viviendas y solo quedó la Fiscalía como acusación.
“Desde el principio se está acusando al Campamento Dignidad, y a Ramón y Manuel Cañada como posibles responsables, y no se ha tenido en cuenta que las personas jurídicas no pueden ser responsables de estos ilícitos, sino personas físicas”, ha explicado Canelo, que ha vuelto a pedir a la Fiscalía, que es la que mantienen el caso vivo, que retire de una vez la acusación.
En su opinión en todo caso deberían haber sido acciones civiles y no penales, sin “criminalizar a la gente que por necesidad tuvo que ocupar las viviendas, pues esto es una cuestión de derecho privado”.
Ramón Carbonell, que ahora es concejal afirma que se trata de un juicio “totalmente político” y también pide al fiscal que desista del caso, a lo que se niega de momento.“Esta es una acción de represión del antiguo gobierno que, por suerte, ya no está”.
