La Corrala de Almendralejo se disuelve tras más de dos años reclamando ‘pan, trabajo y techo’
Por sus pasillos desnudos han transcurrido muchas historias. Cada una diferente pero unidas por el paro, los desahucios y la crisis.
Para todos era su primera experiencia como ocupas. Insisten en que lo hicieron porque no tenían otra alternativa. La mayoría tiene menores a su cargo y se habían quedado fuera del sorteo de viviendas sociales que había hecho el Ayuntamiento de Almendralejo.
Tras más de dos años la Corrala Solidaridad de Almendralejo se disuelve. Los habitantes de los pisos de la calle Ganaderos abandonan unas casas de lujo a medio terminar propiedad de la Sareb. Antes de entrar habían sido pasto del expolio y de robos, y ellos se definieron como “rehabilitadores” de unas casas en las que reclamaban un alquiler social.
La Junta de Extremadura realojará a seis familias de la corrala durante un año en pisos de alquiler ubicados en esta misma localidad mientras se les busca una solución habitacional definitiva. La medida afectará a cinco familias con menores a su cargo, así como a un matrimonio de 66 y 51 años.
Fuentes de la Junta apuntan a que con esta medida se acaba con la incertidumbre en la que vivían estos ciudadanos que se encontraban inmersos en un litigio penal. El acuerdo ha sido alcanzado por la Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales que dirige María Isabel Moreno Duque tras realizar numerosas gestiones de intermediación con la SAREB y la plataforma de afectados.
La Consejería de Política Social ha trasladado a este diario se ha atendido a las que presentaban una mayor vulnerabilidad social (hijos menores escolarizados, personas con discapacidad o el matrimonio sin ingresos).
La Sareb se retira de la acusación
Entraron en enero de 2013 y desde entonces han mantenido la consigna de 'pan, trabajo y techo' como su bandera. Yolanda Bermúdez, una de las habitantes de la Corrala recuerda con buen sabor de boca estos dos años. Aunque no han sido sencillos, aparte de los problemas propios de una comunidad de vecinos se han enfrentado a denuncias y un proceso judicial acusados de un delito de usurpación.
“No nos preocupaba estar imputados, nuestro miedo siempre ha sido el de que hubiera gente que se viera en la calle”. Relata que en el momento de entrar y ser oficialmente un 'okupa' sintió ilusión. “Estábamos reivindicando un derecho, el derecho a una vivienda, un derecho que a nosotros y a otras tantas familias nos habían arrebatado”.
Finalmente el proceso judicial se ha paralizado tras la negociación entre la Junta y la Sareb. Fuentes de la Sareb han trasladado a eldiario.es que se ha apartado de la acusación y la Fiscalía también. También dice esta sociedad está pendiente de cerrar un acuerdo con la Junta para la cesión de viviendas.
Desde la Corrala reconocen que sus sentimientos son encontrados. Están felices porque ahora tienen derecho a un techo, y sobre todo porque se asegura una alternativa para los menores. Pero Yolanda Bermúdez comenta que el sentimiento también es agridulce porque hay dos hombres sin carga familiar que no han entrado en el acuerdo, que “se van literalmente a la calle”.
Durante todo este tiempo han reclamado un alquiler social que les permitiera quedarse en estas casas a un precio acorde a su situación. Esa era la solución que reclamaban, en consonancia según comentan con el acuerdo firmado entre la Sareb y el Ayuntamiento de Barcelona para la cesión de viviendas ante situaciones de emergencia social.
A su juicio la solución no pasa por ceder a las familias de la corrala un alquiler, sino que la Junta se haga cargo del parque de viviendas propiedad de la Sareb y de los bancos que están vacías.
Anteproyecto de ley de la Junta
El anteproyecto de ley de emergencia social de la vivienda de Extremadura, que el Ejecutivo regional sacó a información pública apuesta por la expropiación temporal forzosa de viviendas a los bancos por un periodo de hasta tres años al igual que ya hiciera un tiempo atrás Andalucía.
El texto se justifica en la necesidad de asegurar el derecho habitacional a familias en riesgos especiales de emergencia social, en procedimientos de desahucio por impago de la hipoteca y sin capacidad de hacer frente al pago. Argumenta las expropiaciones en que, una vez agotadas todas las vías de solución habitacional, se declara de interés social la expropiación forzosa de la vivienda a los bancos. Además la medida se extenderá a viviendas públicas propiedad de la Junta, por un periodo de dos años.
De momento se encuentra en trámites en el Consejo de Estado. En torno a la Sareb la Junta informaba semanas atrás que no iba a firmar con el banco malo el convenio para poner esas viviendas vacías en alquiler social, debido a que los precios de cesión que le pide esa sociedad inmobiliaria son muy altos, y por tanto el Ejecutivo extremeño no puede aceptar costes “inasumibles”.
No obstante, y según las informaciones que ha transmitido la propia Sareb, las negociaciones se han retomado. En torno a esta posibilidad fuentes de la Junta han trasladado a este diario que no está previsto realizar alguno en estos momentos.
