La violencia machista se 'enquista' en una década negra en la que no han bajado los casos

Un total de 570 extremeñas presentaron denuncias por violencia de género entre los meses de abril y junio de 2015, 7 más respecto al primer trimestre. Una minúscula oscilación que se lleva repitiendo desde que el Observatorio Judicial contra la Violencia Doméstica y de Género recoge las estadísticas. “La violencia machista está sostenida, no se registra una bajada importante”, indica la abogada Marisa Tena.

Tena afirma que las cifras arrojadas desde 2004 no han sufrido más que “bajadas puntuales”, como la registrada respecto a 2014, e insiste en que, aunque estas disminuciones fueran notables, no son síntoma de que existan menos casos de violencia de género. “Puede ser menos violencia o más desconfianza de la mujer para denunciar”.

En esa línea coincide Pilar Barrientos, la feminista extremeña que en 1987 fundó la Asociación de Mujeres Separadas, Divorciadas y Maltratadas, que asegura que estas estadísticas tan sólo son “la punta del iceberg”. Según sostiene, a pesar de la toma de concienciación por parte de las féminas, la violencia de género crece cada año y considera a la crisis socioeconómica como uno de los principales responsables.

“Es muy difícil que una mujer con cargos dé el paso”, comenta Barrientos. La feminista explica que más que grande que el miedo a su pareja es el miedo a no ser autónomas económicamente y enumera la precariedad de la mayoría de los contratos actuales, los hijos a su cargo y la desorientación de qué hacer después del período de recuperación en las casas de la mujer como los principales factores. “Es una espiral”.

31,6% con órdenes de protección

La ratio de órdenes de protección emitidas en el segundo trimestre del año en Extremadura fue del 31,6%, casi dos puntos porcentuales más alta que la media del conjunto de España, situada en el 29,9%.

Según cuenta Tena, ante la emisión de una orden de protección se tienen en cuenta distintas medidas penales. La primera es la prohibición de ver a la víctima, más comúnmente conocida como orden de alejamiento, que tiene como mínimos “150 metros en pueblos y entre 200 y 300 metros en ciudades”. También se le prohíbe al agresor la comunicación por cualquier método y se le retira las armas en caso de tenerlas por motivos profesionales o “porque sea cazador”.

“En caso de que tengan hijos en común también se aplican unas medidas civiles”, continúa. Entre ellas, quién se queda con la custodia de los menores y el derecho de visita del otro, quién se queda en la vivienda común y la pensión alimentaria que le pasará el uno al otro. Respecto a esta última decisión, Tena critica que no se fije la cantidad y que algunas resulten “paupérrimas”.