La Junta abre expediente a tres altos cargos de Monago por conflicto de intereses
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este jueves la notificación del procedimiento sancionador por conflicto de intereses, por parte de la Junta contra tres altos cargos durante el Gobierno de José Antonio Monago, en aplicación de la Ley de Regulación de Cargos Públicos del Gobierno.
El procedimiento de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, con fechas 30 de agosto pasado (acuerdo de incoación) y 5 de septiembre (pliego de cargos), se inicia contra Germán Puebla Ovando, que fue director del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX); Candelaria Carrera, directora general de Empresas y Actividad Emprendedora; y Basilia Pizarro, que desempeñó el cargo de directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).
El anuncio el DOE se produce una vez “intentadas sin efecto” las notificaciones en los expedientes sancionadores, si bien esta publicación en el Diario Oficial es una somera indicación del contenido de las mismas al apreciarse que la publicación integra del contenido de los expedientes sancionadores “podría lesionar derechos o intereses legítimos”.
La inserción del anuncio tiene carácter previo a su notificación formal mediante la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los interesados tiene un plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la publicación en el BOE, durante el que podrán comparecer en las dependencias del Registro de Conflictos de Intereses de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Es un trámite administrativo
Fuentes de la Junta de Extremadura explican que la notificación se debe al incumplimiento de la Ley 1/2014 del Estatuto de regulación de cargos públicos. Aquellas personas que han ocupado responsabilidad como cargo público tienen la obligación de presentar sus bienes y su declaración del IRPF antes del nombramiento y tras ser cesados.
La obligación de la Junta es notificarlo, e informar de que tienen que hacerlo como marca la ley. Puede entenderse como un trámite administrativo, aunque de obligado cumplimiento, de modo que una vez que se notifica y no se localiza a la persona se procede a publicarlo en el Documento Oficial de Extremadura.
