Extremadura, entre las comunidades con menos casos registrados de violencia machista
Extremadura es, junto a La Rioja, País Vasco y Navarra, una de las regiones con un menor ratio de víctimas de la violencia machista registrado durante el primer trimestre del año, un total de 8 casos por cada 10.000 mujeres.
En el conjunto del país más de 29.000 mujeres figuran como víctimas de violencia machista en las más de 30.000 denuncias presentadas a lo largo del primer trimestre de 2015, periodo en el que se ha producido un leve descenso del número de denuncias.
Son los últimos datos facilitados por el Observatorio Judicial contra la Violencia Doméstica y de Género que, por primera vez, incluye el número de mujeres que figura como víctima de algún tipo de violencia machista y que, por lo tanto, no se puede comparar con años anteriores.
Más de 30.000 denuncias a nivel estatal
Así, un total de 29.153 mujeres aparecen como víctimas de este tipo de violencia en las más de 30.000 denuncias presentadas en el primer trimestre de 2015, unas cifras que, para la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, resultan “difícilmente asumibles en una sociedad que ha apostado por la igualdad y el respeto de los derechos humanos”.
A lo largo del primer trimestre de este año se ha producido un descenso del 0,4 % en las denuncias presentadas (30.293 frente a las 30.411 que se interpusieron en el mismo periodo de 2014).
Más de un 68 % de estas denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales y las interpuestas gracias a la intervención directa de la policía se sitúan en el 15,35 % de los casos.
Denuncias presentadas por familiares de la víctima
El Observatorio destaca, una vez más, las pocas denuncias presentadas por familiares de la víctima, que no llegaron siquiera al 2 % del total.
En este periodo se observa un incremento de dos puntos en el porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores, que se sitúa en el 61,4 % con 7.216 condenas.
El mayor porcentaje de sentencias condenatorias se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer (74,5 %), seguido de las Audiencias Provinciales (67,4 %) y de los juzgados de lo penal (52,5 %).
Entre enero y marzo se solicitaron, además, 9.683 órdenes de protección, lo que supone un incremento del 6,9 % con respecto a 2014 y un 57 % de estas órdenes fueron finalmente adoptadas.
En los juzgados de guardia, se acordaron 895 órdenes de protección (el 70 % del total de las solicitadas) y se denegaron 380.
En la mitad de los casos, la relación de pareja se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección mientras que en el 46 % la relación se había extinguido.
Un 2 % de las mujeres que solicitaron esta orden eran menores de edad.
Derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 13.438 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento (en casi un 80 % de los casos), la prohibición de comunicación (78 %), la salida del domicilio (13,4 %) y la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión (10 %).
Se dictaron también 3.637 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal, un 24 % en relación a la prestación de alimentos y un 20 % resolvieron la atribución de la vivienda.
En un 6,5 % de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 3,3 % de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.
Por otra parte, en 3.552 casos la víctima se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje de un 12,2 % en relación con el total de las víctimas de violencia.
En cuanto a la ratio de víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres, destacan por encima de la media nacional, que es de 13,2, las comunidades de Baleares, con una ratio de 20 y Murcia, con 19, mientras que la ratio más baja se dá en la Rioja, País Vasco, Navarra y Extremadura, con ratios ligeramente superiores a 8.
Para Carmona, estos datos constatan que la sociedad democrática española “sigue enfrentándose a una de las mayores lacras sociales” y es necesario un “mayor esfuerzo” de coordinación institucional y una mayor implicación de toda la sociedad, muy especialmente de las personas allegadas a las víctimas.
La presidenta del Observatorio ha valorado, sin embargo, que hayan aumentado las condenas a los maltratadores. “Es importante porque queda patente que la justicia funciona y que no existen zonas de impunidad en la violencia de género”.
