Un funcionario de la Junta, el mayor acusado en un juicio por sobornos en obra pública

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes una pieza separada del caso Madeja que investiga funcionarios que habrían cobrado comisiones ilegales de la empresa Fitonovo a cambio de contratos públicos, investigación de la que se inhibió en 2015 la que fuera juez de los ERTE en Andalucía Mercedes Alaya.

En esta pieza, la primera que se juzga del caso Madeja o Fitonovo, son nueve los acusados por presuntos sobornos de esta empresa a funcionarios públicos a cambio de adjudicaciones en Canarias, Extremadura y Andalucía. Se enfrentan a penas de entre 3 y 5 años de cárcel por delitos de cohecho y prevaricación.

Se sienta en el banquillo el que fuera jefe de la Sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura José María Pizarro Gómez, quien se enfrenta a la mayor petición de pena: 5 años de cárcel por cohecho y 8 años de inhabilitación por prevaricación.

Entre los acusados figura el apoderado de Fitonovo en Canarias Adolfo José De la Torre García, el exconsejero del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín, el funcionario del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez, y los comerciales de dos empresas relacionadas con Fitonovo, Rubens Coba y Gustavo Adolfo Gómez, para quienes la Fiscalía pide 4 años de cárcel por un delito continuado de cohecho, excepto para el último, al que pide 3 años.

Los otros tres acusados son el que fuera secretario general de la Agencia Andaluza del Agua Carlos Francisco Irigoyen, el funcionario de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía José Francisco Cazorla y el directivo de Fitonovo José María López Torrego, quienes se enfrentan a 4 años de prisión.