Menos kilómetros y mejores horarios: la Junta pondrá a prueba en otoño el servicio de autobús a demanda

Extremadura desarrollará a partir de otoño una iniciativa piloto de transporte terrestre a demanda, tras la experiencia acumulada durante la pandemia, que se pondrá en marcha con carácter de pruebas en dos concesiones, una en cada provincia, para “acortar kilómetros, evitar operaciones en vacío y mejorar las prestaciones de los pasajeros con horarios mejores y más flexibles”.

Este anuncio ha sido realizado en el pleno de la Asamblea por la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, durante la presentación del decreto ley 4/2021, de 4 de junio, con medidas para establecer la prestación a la demanda y garantizar el equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera, que será convalidado por la Cámara regional.

Iglesias ha detallado que la iniciativa piloto de transporte a demanda, monitorizado mediante aplicaciones móviles, central de reservas gratuitas y control de flotas, comenzará en servicios de las líneas JEV-021 y JEV-007.

En el primer caso, incluye el servicio de Esparragosa de Lares a Badajoz, que atraviesa 25 municipios y tiene una duración actual de cuatro horas de recorrido, donde “se ahorrará 98 kilómetros al día y habrá una mejora de 55 minutos en el tiempo de viaje”.

También el servicio de Villanueva de la Serena a Mérida, que se reducirá “en 30 kilómetros al día y 25 minutos” sobre una duración actual de una hora y media; y Cáceres-Cabeza del Buey, Cabeza del Buey a Don Benito y Sancti-Spíritus a Cáceres, con “una mejora de 30 minutos y 75 kilómetros al día”.

En la segunda línea, los servicios beneficiados son Albalá a Trujillo con “ahorro de 45 minutos y 25 kilómetros al día”, en una ruta que ahora opera en una hora y 20 minutos; e Ibahernando a Torremocha, con “una mejora de 10 minutos y 19 kilómetros”, en tiempos de viaje con un recorrido de 50 minutos.

Sostenibilidad económica y ambiental

La consejera ha recordado que la obligación de reducir la movilidad debido a la pandemia tuvo un efecto directo en el uso del transporte público, con una caída a partir de las segunda semana de febrero de 2020 de un 31 % de media en la movilidad general y de hasta el 70 % en mayo del pasado año.

La media de ocupación fue del 10 % de las plazas ofertadas, reducidas durante algunas meses, con una media de 1.790 usuarios al día, lo que supone un descenso del 52 % de usuarios respecto al período de “antigua normalidad”.

Ante esta situación, ha continuado, se habilitaron para un total de 35 líneas, 158 servicios y 579 expediciones las operaciones a demanda que han solicitado más de 18.000 viajeros, estableciéndose compensaciones económicas con ayudas por valor de 7,3 millones para el sector, a las que adicionalmente se suman 860.000 euros hasta este momento de las ayudas a autónomos y empresas afectadas por covid.

Con el citado decreto, según Iglesias, se pretende, por tanto, “poner a la ciudadanía en el centro de la movilidad”, dar prioridad a la demanda de los viajeros, a la vez que se garantiza la prestación del servicio a todos los municipios y la estabilidad económica de las empresas del sector, por medio de compensaciones financieras que les inyecten liquidez y faciliten la cobertura de los gastos necesarios.

Su objetivo es aplicar un modelo de transporte “más sostenible económica y ambientalmente”, que reduzca los tiempos de viaje y que adecue los itinerarios a las necesidades de los ciudadanos que utilizan esos servicios.

Colaboración con taxis

Así, con este decreto se posibilita la colaboración con taxis y VTC para que sirvan de enlace o conexión entre los tráficos receptores de demanda habitual o itinerarios principales y los dependientes, o que el colectivo general de personas usuarias pueda utilizar las rutas escolares en aquellos casos donde el servicio regular es inadecuado.

Precisamente, el diputado del Grupo Popular Víctor del Moral, quien ha adelantado el rechazo de su grupo al decreto-ley, ha cuestionado que “menores estén viajando con adultos a los que no se exige el certificado de delitos sexuales como sí se exige a los docentes, acompañante de los escolares o conductor”.

También ha censurado el “abuso desmedido” por parte de la Junta del decreto ley, con el que impide a los grupos participar mediante la presentación de enmiendas, y entiende que en este caso no se da la “extraordinaria y urgente necesidad” que lo justifica pues la pandemia lo que ha hecho es “agravar una situación crónica” que viene acusando el sector por una reducción sostenida en el tiempo de usuarios y la “inacción” y “mala” gestión de la Junta.

Desde Ciudadanos, el parlamentario Joaquín Prieto espera que las medidas de la Junta sean “la solución para acabar con el aislamiento” que sufren muchos municipios extremeños, pero ha advertido de que su modelo de transporte a demanda “podría poner en peligro la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas del sector” por falta de rentabilidad.

Para la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, la pandemia ha evidenciado las “enormes deficiencias” de este sistema, “fuente continua de conflictos” con “conexiones y frecuencias insuficientes, deudas e impagos con empresas, pésima planificación y recortes en trayectos y rutas”, por lo que ve necesario mejorarlo, aunque es partidaria de que “el principal transporte colectivo que vertebre el territorio sea el ferrocarril”.

Junto al decreto del transporte, se convalidará una modificación de la Ley 8/2018, de 23 de octubre, del Comercio Ambulante de Extremadura para impulsar la autonomía local en esta materia, en el sentido de suprimir la intervención de la administración autonómica y del Consejo de Comercio Extremeño en la elaboración y modificación de las ordenanzas municipales.