Suspendido por cuarta vez el juicio contra 3 activistas por ocupar un local en Mérida
El juicio contra tres activistas del Campamento Dignidad acusados de un delito de usurpación por la ocupación de viviendas de Los Álamos en Mérida ha sido suspendido por cuarta vez.
En la mañana de ayer Angélica Fernández, Ramón Carbonell (concejal de Podemos Mérida) y Manuel Cañada se sentaban en el banquillo en el juicio por esa urbanización de 210 viviendas inacabadas de la barriada del Prado en la capital extremeña.
Promovieron en un local de la urbanización una actividad de reparto de comida y ropa, y además la acusada ocupó temporalmente una de las viviendas.
Al comienzo del juicio los abogados de los acusados, Crescencio Canelo y Leonor Hernández, plantearon ayer una cuestión de ‘competencia objetiva’ pues tras la reforma del Código Penal, y según el artículo 33, ahora se tienen que enjuiciar los presuntos delitos menos graves, como era este, como leves, siempre que las penas sean de tres meses.
Y por ello al considerarse como un delito leve el juez competente para conocer de dicho asunto deberá ser un juez de primera instrucción, y no uno de lo Penal que era donde se veía ayer la causa.
Por este motivo, pidieron la suspensión del juicio para que la magistrada estudie si es competente o no, petición a la que según Canelo se sumó la fiscal; ahora la titular de lo Penal deberá emitir un auto en el declare que si es su competencia o no.
El colectivo ha defendido nuevamente que ocupó como almacén de alimentos y ropa, así como local de reuniones, una propiedad abandonada, conductas que, a su juicio, “no deben de estar criminalizadas y menos perseguidas por el Ministerio Fiscal”. La propia acusación particular, que era la propietaria de los pisos (la Caixa) se retiró de la causa.
Un caso “político”
Campamento Dignidad ha criticado “la naturaleza abiertamente política de este caso” pues, en su opinión, “no puede entenderse de otro modo la obstinación de la Fiscalía a pesar de que el propietario ha retirado la denuncia”.
Se expresa así, para el colectivo, “una voluntad de persecución hacia los movimientos sociales críticos y en particular hacia el Campamento Dignidad, que viene denunciando en la calle las consecuencias devastadoras de la política anti-social del gobierno”.
El Campamento Dignidad ha exigido a los nuevos gobiernos autonómicos y municipales la terminación de las viviendas sociales y su puesta a disposición de las personas y familias de Mérida, necesitadas de un techo.
“Es inmoral que pesen más los intereses de los especuladores inmobiliarios que las necesidades de la ciudadanía. Hace siete años que la obra está parada y abandonada”, ha aseverado.
En este sentido, han pedido que “se ponga fin a este esperpento” y que en los presupuestos de 2016 se incluya “ya dinero contante y sonante” para terminar las obras y que “Los Alamos dejen de ser un nido de ratas y se subordinen al interés general de la ciudadanía”.
Asimismo, ha reclamado a los poderes públicos que “dejen de tirar el dinero en causas frívolas y absurdas como ésta que lo único que persigue es tratar de amordazar la protesta y las alternativas sociales”.
