El acuerdo que mantiene la esperanza de los ganaderos gallegos
El pasado 7 de diciembre, los sindicatos ganaderos le arrancaron a la Xunta de Galicia un compromiso para subir el precio de la leche que las industrias pagan a las explotaciones. Luego, las tres centrales mayoritarias (Unións Agrarias, Xóvenes Agricultores y Sindicato Labrego Galego) valoraron el compromiso del Ejecutivo por ir “mucho más allá” con un documento que superaba los acuerdos a los que habían llegado industria, distribuidoras y Consellería de Medio Rural una semana antes y con la huelga de entregas como telón de fondo.
La titular del departamento del Gobierno, Rosa Quintana, explicaba que el Ejecutivo intensificaría la vigilancia sobre la industria y la distribución para impedir que se vendiese leche a pérdidas, al tiempo que los sindicatos se felicitaban del compromiso de Feijóo de defender ante el Estado la necesidad de que la futura ley del sector impida claramente a la industria y a la distribución ejercer prácticas que obliguen a vender por debajo de los precios de costo. SLG, XXAA y UUAA destacaron el hecho de que la Xunta reconociera en el documento la posición de abuso de la industria con respeto a los ganaderos, así como que se incluyera el compromiso de atender la necesidad de las explotaciones de disponer de territorio para poder tener un modelo de producción con costes más asequibles, algo en lo que se avanzará en futuras mesas de trabajo.
Praza Pública ha tenido acceso al acuerdo entre sindicatos y Administración a través de la cuenta de Twitter de @GandeirosGal2, un documento cuya veracidad fue confirmada por fuentes sindicales. En él se reproduce lo que las mismas fuentes consideran “un marco de trabajo muy importante” para el futuro, aunque reconocen que sólo será efectivo para el sector cuando los compromisos “se concreten” con la subida del importe que se les paga a los ganaderos por la leche o con la aplicación del resto de medidas de previstas, muchas de ellas a negociar en futuros grupos de trabajo.
“Daremos fe cuando veamos los resultados; ahora ya hemos identificado el problema y no queremos más documentos, sino actuaciones concretas”, aseguran fuentes sindicales que reconocen que lo firmado es “un buen punto de partida” y un avance importante al asumir la Xunta reivindicaciones y problemáticas que nunca había admitido.
En el texto, tal y como destacaban los sindicatos, la Xunta reconoce la “situación crítica” de los ganaderos gallegos “como consecuencia del mal funcionamiento de la cadena de valor que no es capaz remunerar los costes de producción” y reconoce también que “en la situación del mercado actual se evidencia la indefensión del sector productor frente a la industria de transformación y la distribución comercial”. De hecho, se asume que las explotaciones fueron “abocadas a una huelga de entregas contra sus propios intereses”.
Así, los representantes de los ganaderos, de las industrias de transformación, de las cadenas de distribución y de Medio Rural manifiestan su “voluntad común en avanzar en mecanismos que permitan una distribución más equilibrada del valor económico generado en la cadena de valor láctea, en aras a permitir el desarrollo de un sector productivo estratégico para la economía gallega”.
Tal y como dice el documento, todos ellos “acuerdan” que “la industria se compromete a impulsar medidas que permitan valorizar adecuadamente la leche”, que la distribución “replanteará la política comercial para evitar la banalización del producto” y que los ganaderos “fortalecerán la negociación, con la ayuda del paquete lácteo, para lo cual contará con el apoyo de la Xunta”.
Del mismo modo, el Gobierno gallego “se compromete” a que la primera reunión de Feijóo con los sectores productivos gallegos tenga lugar con los representantes de los ganaderos, así como a “gestionar con el Ministerio de Agricultura, y de manera inmediata, la reformulación del acuerdo de colaboración con el sector lácteo para extender los compromisos conseguidos en Galicia al resto del Estado”.
Además, la Xunta se compromete también a “intensificar la inspección para verificar la situación de dependencia de los productores con respeto a la industria” y que “en esta legislatura” llevará a cabo “medidas eficaces y ágiles para permitir la disponibilidad real de superficies destinadas a la producción de alimentos, disminuyendo los costes y mejorando su competitividad”. Al tiempo, la Administración promete “coliderar y agilizar el proyecto de ley estatal de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria” para que se “garantice que todas las partes de la cadena obtengan un beneficio que cubra sus costes de producción”, una medida que debería concretarse en sanciones legales a las industrias que obliguen a vender a pérdidas a los ganaderos.
