La Carta Europea de las Lenguas cumple veinte años plagada de incumplimientos en Galicia

En noviembre de 1992 nacía en Estrasburgo la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Auspiciada por el Consejo de Europa, los Estados que la firmaban se mostraban “conscientes del hecho de que la protección y el fomento” de estos idiomas “representan una contribución importante a la construcción de una Europa basada en los principios de la democracia y de la diversidad cultural”. En la firma de este tratado europeo participó un representante del Estado español. Las Cortes Generales dieron su visto bueno a la participación en el acuerdo y, ya en 2002, el entonces ministro de Exteriores, Josep Piqué (PP), rubricaba el correspondiente instrumento de ratificación, esto es, el documento en el que el Gobierno de España especificaba el grado de cumplimiento de la Carta al que se comprometía. Eligió, en la mayor parte de los artículos, la mayor protección posible para el gallego, el catalán y el vasco.

Personificado, como es habitual, en la figura del rey, el Estado “aprobó y ratificó” lo que se dispone en la Carta, “prometiendo cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes”. Sin embargo, veinte años después de la firma y cuando ya ha pasado una década desde su ratificación, un vistazo a su articulado permite concluir que en Galicia este tratado europeo es aún una enorme materia pendiente especialmente en ámbitos como la enseñanza o la justicia donde, lejos de avanzar hacia los preceptos comprometidos, se experimentaron notables retrocesos con medidas como la derogación del decreto 124/2007 de gallego en la enseñanza -que establecía un “mínimo” del 50% de las materias escolares en gallego- y su substitución por el denominado decreto del plurilingüismo.

En el ámbito educativo el Gobierno de José María Aznar asumió los compromisos más ambiciosos, lo cual equivale, dada la vigente distribución de competencias, a que la Xunta también los asumió. Así, desde la ratificación de la Carta los poderes públicos están “comprometidas” a “prever una educación preescolar garantizada en las lenguas regionales y minoritarias correspondientes”, en este caso el gallego. Idéntico precepto rige para la enseñanza primaria, para la enseñanza secundaria y para el “técnico y profesional”. Al mismo tiempo, España también apostó por “tomar disposiciones para que se impartan cursos de enseñanza para adultos o de educación permanente principal o totalmente” en gallego. En el caso de la universidad el grado de protección seleccionado fue menor, quedándose en el “fomento” y/o “autorización” del “establecimiento de una enseñanza universitaria u otras formas de enseñanza superior” en las lenguas propias.

En este contexto, en el que los últimos datos disponibles hablan de que sólo un 20% de la enseñanza obligatoria es impartida en gallego, la reforma educativa que prepara el Gobierno central parece que va a dificultar aun más el cumplimiento de la Carta ya que, por ejemplo, en 2002 el Estado asumió también el compromiso de “tomar medidas para asegurar la enseñanza de la historia y la cultura de las cuáles es expresión la lengua regional o minoritaria” -el Ministerio de Educación prepara una recentralización del currículo educativo-.

Justicia y medios de comunicación

Si el cumplimiento de la Carta en el ámbito educativo es escaso la situación no mejora, sino al contrario, si el sector observado es la Justicia, otro de los más relevantes en el tratado europeo. Como hizo en la enseñanza, en este caso el Estado asumió como propio el mayor grado de compromiso posible, comprometiéndose a “asegurar”, tanto en los procesos civiles como en los penitenciarios y administrativos, la posibilidad de utilizar con normalidad las lenguas oficiales diferentes del español.

Así, por ejemplo, ofreció garantías de que “los órganos jurisdiccionales, por solicitud de una de las partes”, iban “a llevar el procedimiento en las lenguas regionales o minoritarias” o, en todo caso, le garantizarían “al acusado -en la jurisdicción penitenciaria- el derecho de expresarse” en su lengua. Además, no habría obstáculo para emplear una lengua como el gallego para presentar pruebas y documentos recurriendo, “si fuere necesario, a intérpretes y a traducciones”. En la actualidad, no son pocos los casos que saltan a la luz pública en el que el empleo normal del gallego en los tribunales se convierte en una carrera de obstáculos dificultada, desde el inicio, por los programas informáticos proporcionados por la Xunta para operar en los juzgados.

La realidad gallega también difiere en buena medida de lo estipulado en la Carta si el ámbito observado es lo de los medios de comunicación, donde sólo se cumple con normalidad la existencia de, “por lo menos, una emisora de radio y un canal de televisión” en el idioma del que se trate. No sucede así en lo que se refiere a la garantía de “fomentar o facilitar la creación y mantenimiento de, por lo menos, un órgano de prensa en las lenguas regionales o minoritarias” y las políticas de recortes ponen en serio peligro la comprometida “asistencia financiera a las producciones audiovisuales” en gallego. Del mismo modo, en la práctica tampoco existe la apuesta por “apoyar la formación de periodistas y demás personal para los medios de comunicación que empleen” estos idiomas, aunque el Estado se comprometió a hacerlo.

Las materias pendientes en la Administración y en la actividad económica

En el caso de los compromisos asumidos por el Estado español para aplicar la Carta en el ámbito administrativo el grado de cumplimiento varía, en buena medida, en función de la administración. Así, aunque con carencias puntuales, el gallego es la lengua de funcionamiento normal -al menos sobre el papel- de la Xunta y también de múltiples ayuntamientos. No obstante, la relación normal en gallego con la Administración general del Estado se muestra como prácticamente imposible. Esto sucede aunque el Gobierno de España aseguró que velaría no sólo por el empleo de las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, sino también a facilitar “formularios y textos administrativos” de uso habitual en gallego o bilingües“ y a asegurar que ”las lenguas regionales o minoritarias se empleen al prestarse un servicio“ público. Para esto, estipula la Carta, se reclutarían o se formarían ”funcionarios y otros empleados públicos en número suficiente“.

También parece quedar mucho trecho por andar en lo que la Carta de las Lenguas define como “vida económica y social”, ámbito en el que el Estado asumió el compromiso de, por ejemplo, “oponerse a las prácticas encaminadas a desalentar el empleo” de estos idiomas “dentro de las actividades económicas o sociales”. Además, en los diferentes ámbitos de competencias, los gobiernos gallego y central tendrían, para cumplir la Carta, que facilitar la existencia común de documentos bancarios y financieros en gallego, velar que equipamientos como hospitales o residencias de mayores “ofrecen la posibilidad de recibir y atender en su lengua a los hablantes” de uno de los idiomas protegidos o “facilitar” también en gallego “la información proporcionada por las autoridades competentes sobre los derechos de los consumidores”, entre otros.