Los colectivos en defensa de la sanidad pública salen a la calle contra la “destructiva gestión” del PP en Galicia

La plataforma SOS Sanidade Pública lleva meses calentando motores para la manifestación que ha convocado este domingo, 12 de febrero, en Santiago de Compostela contra las políticas de la Xunta. Denuncia que los 13 años que lleva en el Gobierno gallego, el PP está “desmantelando” el sistema, en especial en la atención primaria. La actividad de estos colectivos empezó años antes de la pandemia, pero la situación tras esta la ha intensificado y las protestas de ámbito local se han multiplicado por el territorio y se han vuelto recurrentes. La de este fin de semana pretende sumar todo ese descontento, que se concentra en los servicios más inmediatos: el deterioro de la atención en la medicina de familia. Los profesionales están desbordados, con centros de salud en los que los pediatras llegan a ver a más de 70 niños por día y en los que prolongar la jornada es la tónica habitual para los facultativos. La saturación llega a los pacientes en forma de esperas de más de una semana para conseguir una consulta, cuando antes de la pandemia era sencillo que las demoras fuesen de solo un par de días.

“Es necesario restablecer todo lo eliminado por la desastrosa y destructiva mala gestión del PP”, dice el manifiesto preparado por SOS Sanidade, en la que se integran medio centenar de colectivos locales y comarcales en defensa de la sanidad pública y que tiene el apoyo de los sindicatos de clase y de los partidos de la oposición, también de los de la izquierda sin representación en el Parlamento de Galicia. Todos ellos han llamado a acudir a la protesta. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha animado a defender el sistema sanitario público de la “voladura controlada planificada por el PP” como “la única garantía de ser iguales ante la enfermedad”. El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha pedido convertir la cita en “un aviso de que no valen parches” para las carencias. La manifestación, dice, tiene “francamente temeroso” al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

No han sido tan claros en su apoyo los sindicatos de médicos O'Mega y CESM. La postura de ambas organizaciones es que respaldan cualquier reivindicación de que se mejore la sanidad pública, pero no forman parte de las entidades convocantes porque ni siquiera ha habido contactos entre una y otra parte para ello. Las relaciones no son fluidas. SOS Sanidade Pública es crítica con algunas de las reivindicaciones de estos sindicatos, como la de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) pague el complemento de exclusividad que no perciben los facultativos que compatibilizan su trabajo en la pública y la privada. En cualquier caso, varias juntas de personal en las que O'Mega y CESM tienen representación apoyan la movilización y muchos de sus miembros avanzaron que estarán en la protesta.

El propio jefe del Gobierno gallego ha admitido que hay motivos para la preocupación en la sanidad gallega. Estos últimos días ha repetido que él no niega que hay problemas. Pero a la hora de las responsabilidades las distribuye entre la oposición, a la que acusó de “degradar” la sanidad pública, y el Ejecutivo estatal, al que pide insistentemente que convoque más plazas de médico interno residente (MIR), a pesar de que la Xunta no ha abierto todas las que estaban disponibles este año. Quiere cubrir todas las de atención primaria, pero han quedado fuera algunas de otras especialidades con el argumento de no necesitan más profesionales y, de convocarse, podrían perjudicar a las que sí son deficitarias.

A medida que se ha ido acercando la fecha de la convocatoria, los representantes de la Xunta han ido perdiendo la calma. En las últimas semanas pasaron al ataque directo a la plataforma que la organiza. Primero fue el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, que dijo en la Cámara gallega a finales de enero que suele referirse a SOS Sanidade Pública como “SOS bipartito”. El motivo es que, según Comesaña, a pesar de la variedad de colectivos, la integran “un grupo de exprofesionales y directivos del bipartito” de PSOE y BNG que gobernó en la Xunta entre 2005 y 2009. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no repitió esta expresión, pero dio su respaldo al conselleiro e insistió en esa senda. Desde entonces no ha dejado de repetir que una manifestación organizada como reacción a 13 años de políticas sanitarias del PP está “politizada”. Insistió todavía en ello apenas un par de días antes de la protesta. Los partidos de la oposición tienen, en su opinión, más interés en “sacar rédito político y desgastar al Gobierno” que en la propia sanidad.

Las críticas de BNG y PSOE vienen de lejos. Esta semana han cargado especialmente contra la Xunta por la situación en primaria, pero también por los colapsos en urgencias, la falta de pediatras -en 194 de los 313 municipios gallegos no hay, recalcó Pontón- y las dimisiones de jefes de servicio en varios hospitales. También las movilizaciones en protesta por las políticas el PP en materia sanitaria. En septiembre de 2015 una gran manifestación llenó las calles de Vigo. En noviembre de 2021 otra concurrida movilización protestó en Santiago contra las decisiones del entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Anuncios en la semana de la protesta

En la misma semana de la manifestación, Rueda no escatimó anuncios en materia sanitaria. El miércoles, a cuatro días de la cita, avanzó en el Parlamento que el Sergas ofrecerá contratos de tres años “garantizados” a quienes terminen la especialidad de atención primaria y concretó otra decisión que ya había avanzado, la de conceder 413 plazas en propiedad en la sanidad gallega a las que los sanitarios accederán solo por concurso de méritos (sin examen) para tratar de atraer a más profesionales. En esa misma sesión, habló también de la posibilidad de limitar a 33 los pacientes que un médico de familia ve en cada jornada, una medida que va en la línea de lo que llevan años reclamando profesionales y asociaciones del sector. De hecho, un día antes la plataforma SOS Sanidade Pública acudió al Parlamento a entregar el texto de una iniciativa legislativa popular (ILP) avalado por 50.000 firmas en el que propone establecer un máximo de 30 citas por día en las agendas de la medicina familiar y establecer que una consulta no debe demorarse más de 48 horas.

El jueves, tras la reunión semanal de su Gobierno amplió la batería de medidas: tiró de chequera para avanzar que la Xunta ofrecerá un sobresueldo a los médicos que cubran guardias en los puntos de atención continuada (PAC) en los que no haya suficientes profesionales. Esta escasez de plantilla provoca que en varios centros, sobre todo en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, se queden durante turnos o jornadas enteras sin médico y solo con una enfermera al frente.

El viernes los centros de salud recibieron especial atención del Gobierno gallego. La agenda pública del conselleiro de Sanidade estuvo consagrada íntegramente a visitar varios de estos edificios: fue a O Porriño a ver las obras de ampliación, en compañía del titular de Medio Rural; a Barro para firmar un convenio para construir un nuevo espacio; y a Pontevedra para visitar el área de fisioterapia del centro de salud Virxe Peregrina. Un tercer miembro del equipo de Rueda se interesó por las obras en centros de salud en la misma jornada. Ethel Vázquez, conselleira de Infraestruturas, estuvo en otro en Lugo para comprobar cómo avanza su construcción.

El presidente de la Xunta quiere demostrar con esta serie de iniciativas y los desembolsos económicos que llevan aparejados que en la sanidad gallega no hay un problema de falta de recursos, a pesar de que el gasto presupuestario reservado para la atención primaria en Galicia es, según datos del Ministerio de Sanidad, el segundo más bajo después de Madrid. El domingo Rueda tiene otros planes lejos de la protesta: “Yo iré a la Feira do Cocido de Lalín”.