La Comisión Europea estudia iniciar una investigación sobre la trama Zeta
Una investigación europea mientras se veta la investigación en el Parlamento de Galicia. Es el posible escenario que tiene por delante la rama administrativa de la Operación Zeta, la trama de presunto fraude en cursos de formación supuestamente liderada por el empresario coruñés y militante del PP Gerardo Crespo. Cuando resta algo más de un mes para que la treintena de personas imputadas en la causa comiencen a declarar ante la jueza la comisaria europea de Empleo, la belga Marianne Thyssen, acaba de confirmarle al eurodiputado socialista José Blanco que está esperando por información de la Xunta para determinar si hay motivos para abrir una investigación propia.
Thyssen responde así a la pregunta formulada al respecto por Blanco tras el levantamiento del secreto de sumario de la investigación. Dado que los cursos fueron “financiados con fondos europeos xesitonados por la Xunta y que la investigación judicial provocó la dimisión de un director general del Gobierno gallego” el parlamentario del PSOE le preguntaba si tenía conocimiento “de los hechos investigados por la Justicia gallega” y si “ha mantenido contacto con las autoridades gallegas o españolas en relación a estos hechos”. Y, efectivamente, el Ejecutivo comunitario es consciente de lo que sucede con el caso que vino agitando la política gallega en este otoño.
“La Comisión está al corriente de la investigación que están desarrollando las autoridades españolas en relación con los cursos de formación en Galicia”, explica Thyssenn en la respuesta, en la que aclara además que, “inmediatamente después de la publicación de los primeros informes”, fue la propia Comisión la que “pidió a las autoridades nacionales que gestionan el Fondo Social Europeo”, esto es, en última instancia, a la Consellería de Traballo de la Xunta, “que comprobaran si los proyectos que implicaban un presunto fraude fueron cofinanciados” con este fondo comunitario. Además, advirtió de la necesidad de “tomar las correspondientes medidas correctivas y preventivas” si este caso se había dado. Del mismo modo, “la Comisión informó a la OLAF”, la oficina europea anti fraude.
Una vez hecho este requerimento “desde el 10 de diciembre no se ha recibido ninguna respuesta de las autoridades nacionales sobre este asunto”, confirma la comisaria. Cuando esta información llegue a Bruselas y, “en función de los datos transmitidos, la Comisión podría iniciar su propia investigación sobre este caso”, advierte. A juicio de Blanco de la respuesta Comisión cabe concluir que “el Gobierno retiene información a la Comisión Europea sobre el fraude en los cursos de formación de Galicia”.
Esta advertencia de la Comisión Europea llega mientras, en Galicia, la Xunta y el PP se vienen negando sistemáticamente a la apertura de una comisión de investigación con, entre otros argumentos, que ya hay una investigación judicial en marcha o que indagar desde el Parlamento implicaría “politizar”. Del mismo modo, en las últimas semanas el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, se negó a comparecer sobre la trama y a aclarar sus contactos con el presunto conseguidor de la misma, el empresario Pachi de Lucas. Del mismo modo, los populares y la conselleira de Traballo llegaron a afirmar y a negar en una misma comparecencia que la Xunta está siendo investigada por la Justicia en el marco de esta operación contra la corrupción.
