La crisis económica de la oposición gallega
Un batacazo electoral no sólo tiene consecuencias puramente políticas para los partidos y organizaciones que lo sufren. La financiación de los grupos políticos, sustentado esencialmente en las subvenciones derivadas de los resultados electorales, se resiente notablemente ante una pérdida abrupta de representación. Tras las pasadas elecciones autonómicas los partidos que obtuvieron asiento en el Parlamento ganaron el derecho a 15.530,93 euros por cada escaño logrado, 0,58 euros por voto y 0,16 por elector como ayuda para propaganda electoral. El montante total de estas subvenciones cayó un 20% con respecto a la anterior convocatoria, pero no todos los implicados lo sufrieron igual. Así, el PP vio reducida su asignación un 21%, pero el PSdeG tuvo que afrontar una caída del 36% y el BNG, del 35%.
Mientras AGE, que irrumpió por primera vez en la Cámara, tuvo una inyección de 687.645 euros gracias a sus nueve escaños, los socialistas pasaron de obtener 1,4 millones de euros por 25 diputados en 2009 a quedarse en 883.581 por sus actuales 18 representantes. El Bloque, por su parte, pasó de 957.287 euros en los anteriores comicios -12 escaños- a 624.645 que derivan de su actual grupo de siete diputados y diputadas. Los conservadores, que perdieron votos pero sumaron escaños, ingresaron 1,5 millones de euros, mientras que en 2009 la aportación fue de 1,8 millones.
Dadas estas circunstancias, socialistas y nacionalistas están sufriendo su particular crisis económica, que afrontan, esencialmente, a través de dos vías: la reducción de gastos y la reclamación de un mayor apoyo de sus cargos institucionales y de su militancia. La última medida en este sentido llegó hace escasos días en las filas del PSdeG. El portavoz del partido en el Parlamento, Abel Losada, reconocía este lunes que la dirección le solicita una aportación económica puntual de 1.000 euros a cada miembro del grupo parlamentario. “Aun no ha habido una petición formal, pero se está trabajando en esa idea”, que será asumida en el grupo “con absoluta normalidad, siendo conscientes de que los ingresos del partido han disminuido de manera importante en esta legislatura” no sólo por las subvenciones electorales, sino también por las procedentes del Parlamento, que antes se repartían “entre tres” y ahora, “entre cuatro”.
Esta petición llega después de que, de manera común, la aportación mensual de los diputados y diputadas al partido pasara de un 5% a un 10% de su salario -unos 500 euros-. A estas medidas se añadió el recorte de personal formulado desde la sede federal del PSOE, que también tuvo su traducción en Galicia en forma de despidos, de un ERE y de una bajada generalizada de salarios.
Las reducciones de personal llegaron también por el lado banda del BNG, donde los despidos fueron considerados “dolorosos” pero “inevitables” por parte de sus máximos dirigentes. Los cargos institucionales nacionalistas, que ya venían entregando un 10% de su salario a la organización -además de otras aportaciones puntuales-, son uno de los puntales en los que la formación frentista se apoya para pasar el temporal financiero, que lo también lo llevó a prescindir de parte de las instalaciones que empleaba en régimen de alquiler. Además, el Consejo Nacional acordó solicitarle a la militancia una cuota extraordinaria de entre 10 y 1.000 euros, de la que quedan excluidas las personas que se vean en la “imposibilidad de asumirla”. Esta “contribución económica voluntaria” es una “forma legítima de autofinanciamento”, explicaba hace pocas fechas la diputada Carme Adán. “Otros se financian con sobres”, subrayó.
