Una empresa eólica recurre a la justicia para ocultar el impacto en los pájaros de uno de sus parques en Galicia

Norvento, empresa gallega con instalaciones de energías renovables distribuidas por toda la comunidad, ha presentado un recurso contencioso-administrativo para que la justicia impida a la Xunta facilitar a este diario informes sobre el impacto en las aves de uno de sus parques eólicos, levantado a comienzos de la pasada década en un espacio protegido. La Xunta considera que en aplicación de la Ley de Transparencia debe facilitar los documentos solicitados que están en su poder, pero la empresa lo rechaza y ahora será la justicia la que decidirá, ocho meses después de la petición oficial formulada por este diario y tras dos reclamaciones a la Comisión de Transparencia.

El parque eólico de Montouto, con 31 aerogeneradores, está emplazado entre los ayuntamientos lucenses de Abadín y Muras, en la Sierra de O Xistral, espacio protegido de la Red Natura 2000. Fue el primer parque eólico ejecutado por Norvento, que en la misma zona levantó posteriormente otros dos parques con otros 46 molinos. Aquella primera instalación fue autorizada por la Xunta en 1999 con una previa declaración de efectos ambientales que estableció diversos condicionantes por su posible efecto sobre, por ejemplo, turberas y brezales protegidos existentes en la zona, lo que obligó a modificar el emplazamiento de varios molinos. Entre otras cuestiones, la Xunta estableció que el perímetro del parque fuese cerrado para que los caminos construidos o mejorados para la instalación de los generadores no alentase a las personas a acercarse a la zona, prohibición de acceso que dificulta conocer el estado actual del entorno.

Entre los condicionantes establecidos por la Xunta para autorizar el parque estaba el “seguimiento de posibles colisiones de la avifauna con los aerogeneradores y del comportamiento de las aves en el interior del parque”, que debía realizarse de manera semestral durante los dos primeros años y anualmente desde entonces. “En caso de que se comprobase un impacto grave, tanto sobre las poblaciones migratorias o residentes [la Xunta] podrá requerir del promotor las medidas oportunas para corregir la situación, pudiendo incluir la reubicación y/o eliminación de los aerogeneradores que produjesen tal afección”, añadía la Xunta.

Largo proceso de la petición de transparencia

El pasado 25 de septiembre este diario formuló una petición oficial de información a la Consellería de Economía e Industria de la Xunta, al amparo de la Ley de Transparencia, para tener acceso a los informes periódicos elaborados según aquel plan de vigilancia. Un mes más tarde, el 22 de octubre, la Dirección General de Energía y Minas respondía que, según contempla la ley cuando en las peticiones de transparencia pueda verse afectado un tercero ajeno a la propia administración, notificaba a la empresa esa petición para que formulase las alegaciones que considerase oportunas, dándole 15 días para hacerlo.

Superado el doble de ese plazo sin obtener respuesta, este diario recurrió el 28 de noviembre a la Comisión de Transparencia de Galicia, entidad adscrita al defensor del pueblo gallego para supervisar la aplicación de la Ley de Transparencia en las administraciones gallegas, que el 30 de enero, después de que la Xunta no le contestase a su reclamación previa de explicaciones sobre el expediente, resolvió exigirle que facilitase la información solicitada.

La Xunta no vuelve a informar de la situación del expediente hasta un mes más tarde, el 25 de febrero. En ese momento el director general de Energía y Minas, Bernardo Tahoces, comunica por una parte que en noviembre, tras el trámite de alegaciones, Norvento se opuso a que la Xunta facilitase la información y, por otra, que el 28 de enero él mismo había rechazado esas alegaciones y había resuelto que debía facilitar la documentación solicitada. Sin embargo, la Xunta condicionó la entrega de la documentación a la posibilidad de que la empresa, como contempla la ley, presentase un recurso contencioso-administrativo contra su decisión, por lo que había que dejar pasar el plazo para el mismo.

Alegaciones de Norvento

En esa comunicación, la Xunta resumía las alegaciones formuladas por Norvento que se desestimaban. La empresa considera que los informes de seguimiento del impacto del parque eólico en las aves no son documentos de la Administración que esta pueda facilitar libremente sino que, como son elaborados con técnicas, recursos y datos de la propia empresa —a pesar de ser una obligación establecida por la Xunta— “se circunscriben al ámbito de la propiedad intelectual de la empresa”. Norvento también alegó que esos informes no son una “actividad pública” sino “privada” y a su contenido “sólo deben tener acceso la Administración y en su caso los que justifiquen su condición de interesados”.

La empresa también aseguraba que “no existe inconveniente que una vez finalizado el plan de vigilancia en curso, se traslade al solicitante las conclusiones elaboradas por la Administración en cuanto al citado plan de vigilancia”, pero insistía en pedir a la Xunta que denegase la solicitud de transparencia porque “no se justificó la existencia de un interés público o privado que legitime el citado acceso”.

Tras estudiar esas alegaciones de Norvento, la Xunta las desestimó argumentando que la Ley de Transparencia establece que no se tiene que motivar el interés para acceder a la información. El Gobierno gallego también dice que la empresa no puede ampararse simplemente en el respeto a la propiedad intelectual, sino que debe argumentar el perjuicio concreto, no genérico, que sufriría con la divulgación y destaca que “siempre deberán ser analizadas las circunstancias del caso concreto, valorando el perjuicio efectivo que el acceso a la información produce”. Por todo ello, la Xunta resolvía otorgar a este diario el acceso a la documentación pero condicionado a que la empresa no presentase el recurso judicial a que tenía derecho o, de ser así, a que la justicia decida sobre la cuestión.

El pasado 2 de mayo, y tras más de dos meses sin ninguna información sobre el estado de la petición de transparencia, este diario presentó una segunda reclamación ante la Comisión de Transparencia. Y este lunes 3 de junio la Xunta informa de que Norvento le comunicó hace más de un mes, el pasado 24 de abril, que efectivamente presentaba el recurso contencioso-administrativo a que tiene derecho para intentar que la justicia impida al Gobierno gallego facilitar la transparencia solicitada.

Ahora, más de ocho meses después de formularse la petición de transparencia original, y con la Xunta y la Comisión de Transparencia de acuerdo en que se facilite la documentación pedida, el Gobierno gallego y Norvento se enfrentarán en los tribunales en un proceso de plazos inciertos. Será la justicia, en función de lo que argumente la propia Xunta en defensa de la transparencia, la que decida si este diario puede conocer el impacto sobre las aves del parque eólico de Norvento en O Xistral.

Precedente de otra empresa que no puso obstáculos

La negativa de Norvento contrasta con la aceptación unos meses antes por parte de Gas Natural Fenosa de que la Xunta facilitase exactamente el mismo tipo de informes de seguimiento del impacto en las aves de otro parque suyo en Guitiriz. En ese otro caso la consulta de la Xunta a la empresa tras la petición de transparencia de este diario fue respondida por Gas Natural Fenosa en sólo cinco días diciendo que no ponía obstáculos. La Dirección General de Energía y Minas acabó facilitando el acceso a la información dos meses por encima del plazo legal, tras un silencio administrativo y dos reclamaciones a la Comisión de Transparencia, para ser consultada en un portátil de la propia Xunta en la mesa de una funcionaria. Aquellos informes reflejaban que el parque eólico de Cordal de Montouto en Guitiriz había tenido un “impacto reducido” sobre las aves en los tres años anteriores y en sus cercanías solo habían sido encontrados un cadáver de una curruca rabilarga y dos de murciélagos.