Feijóo pidió en la oposición impedir reformas electorales en solitario como la que ahora se dispone a aprobar
Eran otros tiempos. El 17 de enero de 2007 Emilio Pérez Touriño (PSdeG), Anxo Quintana (BNG) y Alberto Núñez Feijóo (PP) se sentaban a la misma mesa de la residencia oficial de Monte Pío para intentar cerrar los últimos flecos de la reforma estatutaria gallega. La comisión parlamentaria que, durante meses, había trabajado los pormenores de la reforma no había conseguido acordar algunas cuestiones cruciales y le trasladó la responsabilidad última a los jefes de filas de las fuerzas políticas que la componían. Tras seis horas de reunión, las conversaciones concluyeron en desacuerdo, esencialmente por la posición respecto a cuestiones como la lengua y la identidad de un PP en quel entonces inmerso en una cruzada contra el Estatut de Cataluña. Pero el entonces líder de la oposición también llevaba en la agenda una reclamación más: que para realizar reformas electorales –como la que ahora él impulsa desde el Gobierno para recortar escaños– fuese necesario el apoyo de, cuando menos, dos tercios del Parlamento.
El propio Feijóo había admitido a preguntas de la prensa tras el fracaso de las negociaciones que uno de los obstáculos para el acuerdo había sido el establecimiento de esa mayoría reforzada para modificar las reglas del juego electoral. Participantes en el frustrado proceso estatutario consultados ahora por este diario ratifican que los populares mantuvieron la petición sobre la mesa a lo largo de todas las negociaciones. El actual presidente, que en esa altura llevaba apenas un año al frente del PP gallego, se alejaba así de la praxis de su partido durante los mandatos de Manuel Fraga, que en 1993 elevó unilateralmente del 3% al 5% la barrera para obtener representación parlamentaria. Para Feijóo, abundan las mismas fuentes, el ejemplo eran las mayorías reforzadas que se requieren para, por ejemplo, renovar instituciones como el Valedor do Pobo –tres quintos, en este caso.
Tras el descarrilamiento del nuevo Estatuto, Touriño se apresuró a aclarar que, como había prometido al inicio de su mandato, no habría reforma electoral si el PP se negaba a ella. “No caeré en la tentación” de actuar como Fraga en 1993 aunque la ley lo permita, explicaba, evidenciando así que dejaba aparcado el punto del acuerdo de Gobierno en el que PSdeG y BNG se habían comprometido a realizar una “reforma de la ley electoral” para “garantizar”, entre otros aspectos, “la mejor adecuación entre electores y diputados”.
Exigencia de consenso y “principios”
La necesidad de consenso para reformar la ley electoral a la que aludía Touriño había sido agitada por el propio PP desde el inicio de la legislatura, concretamente desde que en septiembre de 2005 el más tarde conselleiro de la Presidencia y actual portavoz parlamentario socialista, José Luis Méndez Romeu, había anunciado en el Parlamento una “reforma de la ley electoral” para “resolver, por lo menos, tres cuestiones pendientes: el establecimiento de la paridad de género en la composición de las listas”, “las garantías necesarias para la emisión del voto por parte de los ciudadanos residentes ausentes” y, sobre todo, “una mejor adecuación, una mejor proporción de la atribución de escaños a cada circunscripción con respecto a los electores de esa circunscripción”. Esa apuesta consistía, esencialmente, en paliar la sobrerrepresentación de las provincias de Lugo y Ourense, tradicionales graneros de votos de la derecha y en las que para obtener cada escaño hace falta alrededor de la mitad de votos que en la Coruña y Pontevedra. La Xunta defendía restarles escaños para sumárselos a las circunscripciones atlánticas.
Tras el anuncio de Romeu, el PP se mostró “preocupado” a través del entonces diputado Manuel Ruiz Rivas, que advirtió al Gobierno de que no debía “utilizar la Administración en beneficio de sus intereses”. “La ley electoral es un tema básico en todo sistema democrático y usted ha dado una serie de avisos a navegantes que a nuestro grupo lo dejan intranquilo”, le dijo a Romeu. “Una reforma así no puede dejarse caer en una comparecencia”, lamentaba también el propio Feijóo, en laquella época portavoz parlamentario adjunto, siete años antes de anunciar su propia modificación a través de una entrevista en la prensa. Según quien en ese momento aspiraba a suceder a Manuel Fraga, una decisión así debería consultarse con las provincias afectadas y era, en todo caso, un “sinsentido”.
A comienzos de 2006, ya como líder conservador, Feijóo retomaba el asunto. Después de su primer encuentro institucional con Touriño, insistía en la necesidad de que la redistribución de escaños no se realizara sin consenso. “Pretendo que la gente tenga principios”, explicaba en rueda de prensa antes de asegurar que no contemplaba la posibilidad de que PSdeG y BNG reformaran la ley de elecciones sin la participación del PP. “La palabra del presidente de la Xunta hay que creerla y conmigo se ha comprometido a que las reglas del juego, como la ley electoral, se modificarían por consenso”. Ese consenso nunca llegó y Touriño, efectivamente, metió la reforma en un cajón. Ahora, en 2014, al PP le faltan nueve escaños para tener los dos tercios que antes exigía, pero ya advierte de que eliminará 14 escaños aunque ningún grupo más lo apoye.
