“Gallardón es un iluminado que quiere cambiar la Justicia sin contar con quien sabe de esto”
Los proyectos legislativos que emanan del Ministerio de Justicia se están convirtiendo en todo un elemento aglutinador. Mientras los movimientos feministas y buena parte de la ciudadanía continúan clamando para que la contrarreforma de la ley del aborto quede sin efecto, el Gobierno de España ha conseguido, de nuevo a través del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, sacar al sector de la Justicia a la calle. Como había ocurrido con la ley de tasas, todos los actores de este ámbito y, con ellos, representantes políticos y sociales de múltiples signos, exigen que no llegue a hacerse realidad la reforma que tiene en la supresión de los actuales partidos judiciales una de sus repercusiones más significativas. En este contexto, el decano del Colegio de Abogados de Lugo y secretario del Consello da Avogacía Galega, Félix Mondelo, enciende las alertas ante una “involución que va a acabar con la Justicia”.
La reforma trae consigo un modelo que poco o nada se parece a la realidad del país gallego.
Nosotros pensamos que es una reforma totalmente desafortunada, socialmente perjudicial tanto para la ciudadanía como para las localidades que se van a ver privadas de los partidos judiciales. Las sedes en las que están actualmente los partidos judiciales van a quedarse vacías y en vez de ir los ciudadanos a la Justicia, cada vez la alejan más. No se ha valorado el coste que va a suponer ubicar los tribunales provinciales de instancia que dicen que van a crear. Van a venir los jueces de toda una provincia a la capital y, por lo menos yo en las que conozco, no tienen capacidad para absorber ese número de personas y ubicarlas.
Tiene repercursiones en el ámbito judicial, pero también en el económico. ¿Qué sucederá con los juzgados?
Lo que se echa en falta en este anteproyecto de ley es una memoria económica. Me gustaría saber cuál es porque ya me dirán cómo se pueden evaluar económicamente los perjuicios que se le va a ocasionar a la ciudadanía y a las localidades de las que desaparecen los juzgados. Pero no me extraña nada viniendo de quien viene, porque el señor Gallardón es un gestor que ha demostrado reiteradamente su incapacidad. No hay más que ver como dejó la Alcaldía de Madrid cuando se marchó de allí. Es completamente inviable y pensamos incluso que no tiene por detrás un soporte económico. A lo mejor todo lo que van a gastar sería inferior a lo que costaría dotar a las localidades de jueces y del material indispensable.
Dado el amplio consenso existente en contra de la reforma, ¿a qué atribuyen que el Gobierno siga adelante con ella?
Yo pienso que es su manera de actuar [del ministro]. Hizo lo mismo con la ley de tasas, que no la había confesado con nadie. Dijo que solo las iba a aumentar en apelación y después giró completamente su postura. Él se cree un iluminado, un revolucionario de la reforma. Pero esto no es una revolución, es una involución que va a acabar con la Justicia. No puedo darle la razón, a no ser que se trate de que quiere pasar a la historia como el ministro que modificó toda la Justicia sin contar con quien entiende de esto. Tiene la virtud de poner a todo el mundo en su contra.
¿Cuál sería, a su juicio, el modelo idóneo?
Lo que tenía que tener es un soporte económico. Puede haber disfunciones y puede haber algún juzgado que no valga la pena mantener por el escaso número de asuntos que lleva. Pero lo que no se puede es hacer tabula rasa y decir que en Pontevedra, por ejemplo, vamos a instalar un único partido judicial. ¿Y qué hacemos con Vigo? Y en A Coruña, ¿qué hacemos con Santiago? Está previsto que haya solo 50 tribunales de primera instancia y, excepción tras excepción, nos vamos a acercar a los 80 o 90, porque no queda más remedio que respetar las peculiaridades de cada territorio.
¿Qué implica que los juzgados estén más lejos de la ciudadanía, al margen del evidente coste de desplazamiento?
Más lejos de los ciudadanos y de todos los profesionales que ejercen en esas villas y en sus aledaños. Eso implica que tengan que abandonar su lugar de trabajo para pasar las mañanas o las tardes en la capital de provincia. Tienen que abandonar sus despachos. Además, si lo que se pretende es acercar cada vez más a la ciudadanía para que ocupe el medio rural, lo que se está haciendo es vaciarlo todo. A muchas localidades solo les quedará el centro médico y a algunas, ni eso.
Esto se agrava en Galicia, dada nuestra dispersión poblacional.
El anteproyecto contempla una serie de peculiaridades y, dependiendo de cómo regule la Xunta la planta judicial, podrán tener instalados en algunas localidades un juzgado de primera instancia o una delegación de estos. Pero eso van a ser excepciones que tendrán que ser aprobadas por el Consejo General del Poder Judicial. Mucho me temo que aunque la Xunta tenga buena voluntad para mantener los 7 partidos judiciales, el Consejo lo impedirá.
Esta reforma se une a la de las tasas en lo que parece una mezcla explosiva para el futuro de la Justicia.
Estamos todos en contra. Este señor tiene la virtud de poner de acuerdo a todos los estamentos que estamos implicados en la Justicia y que muchas veces no habíamos conectado. Sobre la reforma de las tasas esperemos que el Tribunal Constitucional dictamine para dejarlas sin efecto. Se están viendo verdaderas barbaridades, con gente que por motivos económicos no puede acudir a los juzgados o a los recursos de apelación, que son un derecho.
