La mansión del narco Marcial Dorado en Vilagarcía será un centro público para personas mayores
A principios de 2016 el Tribunal Supremo ratificó la condena a seis años y un día de prisión para Marcial Dorado por “un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico cometido por una organización de la que ostentaba la jefatura”. Entre las propiedades que, según aquella sentencia, el condenado por narcotraficante había adquirido “con dinero procedente de las actividades ilícitas” figuraba la conocida cómo Casa Jaureguízar, un señorial chalé en la céntrica calle vilagarciana del Doctor Tourón. La mansión había sido formalmente adquirida a comienzos de siglo por la sociedad Masol Aktiengesellschaft, con sede en Liechtenstein, de la quien Dorado había admitido durante el juicio ser apoderado. La compra, había reconocido también, la había realizado con dinero procedente de Suiza. “Pero todo justificado”, había agregado.
Más allá de la condena, resultante del juicio celebrado entre los ecos de la publicación en El País de las fotografías que acreditaban la amistad de Dorado con Alberto Núñez Feijóo en los años 90, cuando el actual presidente de la Xunta dirigía el Servizo Galego de Saúde, la sentencia había ratificado también la incautación de numerosos bienes de la red de Dorado. Entre ellos, el céntrico chalé de Vilagarcía de Arousa, que pasó a integrarse en el Fondo de Bienes Decomisados a los narcos, dependiente del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, con la subasta como destino final. Mientras los trámites de la puja avanzaban con notable lentitud el chalé se degradó y, lejos del esplendor y ostentación de otros tiempos, fue ocupado irregularmente en varias ocasiones. Su deterioro y situación insalubre dio lugar a numerosos apercibimentos e incluso multas nunca atendidas a la empresa de Dorado por parte del Ayuntamiento de Vilagarcía, que ahora está a punto de hacerse con el inmueble para integrarlo en el patrimonio público y ofrecer en él, una vez rehabilitado, “usos sociales para personas mayores”.
La Casa Jaureguízar se levanta en una parcela de casi 700 metros cuadrados y consta de 130 metros de superficie edificada entre el bajo y la primera altura. La sociedad de Dorado la compró por casi 900.000 euros, segundo consta en la investigación al narco, y estaba a punto de ser subastada desde el Plan Sobre Drogas con un precio de salida de 170.047 euros. Concretamente, iba a ser ofertada en la subasta prevista para el día 20 de este mes en un céntrico hotel madrileño junto a otros inmuebles procedentes del narcotráfico. Al saber por la prensa de la inminente venta, el gobierno local de Vilagarcía valoró concurrir a la subasta, si bien finalmente podrá quedarse con el inmueble comprándolo de forma directa por el precio de salida.
El alcalde vilagarcián, Alberto Varela (PSdeG), puso la propuesta de compra sobre la mesa del PND la pasada semana en Madrid y el departamento estatal la aceptó, según confirma el Ayuntamiento. “Fruto de este acuerdo el Plan retira la casa del lote de propiedades incautadas por delitos relacionados con el narcotráfico” y “se la vende directamente al Ayuntamiento” por los mencionados 170.047 euros. El gobierno local ha decidido la compra “por dos razones fundamentales -explican-: seguir incrementando el patrimonio local y garantizar la conservación de elementos arquitectónicos relevantes o representativos de la ciudad, como es la del chalé de Jaureguízar”, y “paliar la carencia de locales públicos destinados a usos sociales”.
“El Ayuntamiento -dice el alcalde- no podía desaprovechar una oportunidad tan buena”, menos aún tras constatar que puede comprar el edificio sin concurrir a la subasta, evidando así el riesgo de encarecimiento. Según Varela, la delegada del PND, Azucena Martí, tuvo “absoluta receptividad” para vender el edificio y otorgar “facilidades de pago” al Ayuntamiento sobre la base de los presupuestos municipales de 2019. No descarta que la adquisición pueda apoyarse también en fondos de la Diputación de Pontevedra, toda vez que el modelo de Plan Único da a los ayuntamientos “libertad para elegir los proyectos” financiados con transferencias provinciales, agrega Varela.
Una vez conseguido el acuerdo político, “antes de cerrar la compra” personal técnico del Ayuntamiento inspeccionará el inmueble para “evaluar su estado, determinar las actuaciones de rehabilitación que hay que ejecutar y valorar su coste”. En cualquier caso, otorgarle “uso social relacionado con la tercera edad”, tanto de asistencia como de ocio, es ya una decisión tomada, concluye.
