700 millones de euros por el último vínculo gallego en la propiedad de la principal autopista de Galicia
Unos 722,8 millones de euros. Es el montante de la operación económica por el que la Autopista del Atlántico (AP-9) está abocada a quedarse sin lo más parecido a un vínculo gallego que quedaba en su propiedad. La pasada semana el que fuera uno de los gigantes de la construcción en España, Sacyr, hizo oficial ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que acababa de acordar con Abanca y Kutxabank, las entidades herederas de las antiguas grandes cajas de ahorros gallegas y vascas, la venta de sus respectivas partes en Itínere Infraestructuras, el grupo empresarial propietario de Autopistas del Atlántico (Audasa). Juntas suman el 55,6% del capital de Itínere y, en el caso de Abanca, administra las acciones que habían sido de Novacaixagalicia y antes, de Caixanova y Caixa Galicia.
La parte compradora de estos más de 251 millones de acciones de Itínere Infraestructuras es Globalvia, una trasnacional especializada en concesiones de todo tipo de infraestructuras controlada desde hace algo más de dos años por tres fondos de pensiones internacionales: OPTrust, de Canadá, PGGM, de Holanda, y USS, del Reino Unido. Estos fondos se quedaron en 2015 con la compañía creada por Bankia y FCC y bloquearon la operación de venta a otro fondo, propiedad del Gobierno de Malasia. Al convertirse en accionista mayoritaria de Itínere esta corporación será la que controle la AP-9, pero también otras autopistas gallegas: la AG-55 de A Coruña a Carballo y la AG-57 de Puxeiros al Val Miñor. Esto ya sucedía desde 2015 con la autopista Santiago-Dozón, la AP-53.
Cuando culmine la operación -Sacyr prevé que “esté formalizada en el último trimestre de 2018”- Globalvia sustituirá como principal accionista de Itínere la otro fondo multinacional, Corsair Capital, que participaba de la compañía junto a Kutkabank a través de la empresa Arecibo Servicios y Gestiones. Corsair es contraria a esta operación de venta, como también lo es Liberbank -entidad resultante de la unión de Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Castilla-La Mancha y Caja Cantabria en el marco del rescate financiero-.
Un negocio millonario basado en los peajes gallegos
El principal atractivo económico de Itínere Infraestructuras para los fondos internacionales implicados en su gestión son los peajes gallegos. No en vano, de los casi 275 millones de euros facturados por Itínere durante el pasado 2017, unos 150 procedían de sus filiales gallegas (Audasa y Autoestradas de Galicia), fundamentalmente de los ingresos por peajes de la AP-9. En apenas media década estos ingresos de la principal autopista gallega han aumentado un 13%, hasta superar los 140 millones de euros. Como informó Praza.gal, este volumen de ingresos de la AP-9 fue el mayor de la última década y permitió a Audasa apuntarse unos beneficios de más de 40 millones de euros por tercero año consecutivo.
Esperando el traspaso a la Xunta
El cambio en la propiedad de la AP-9 se produce mientras sigue sobre la mesa ña petición de que las competencias sobre la autopista sean transferidas por el Gobierno de España a la Xunta de Galicia. Esta reclamación está actualmente viva en, al menos, tres frentes diferentes. En el Congreso de los Diputados están en marcha dos proposiciones de ley de En Marea después de que el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez haya decidido levantar veto con el que las había bloqueado el PP. En el Parlamento gallego los grupos acordaron por tercera vez una proposición de ley -redactada inicialmente por el BNG- para formular la misma reclamación ante el Congreso -las dos anteriores las vetó el Gobierno de Rajoy-. Además, la transferencia está en la agenda de negociaciones políticas de la Xunta con el Gobierno del PSOE, que dice tener la “puerta abierta” a aprobarlo.
Tras hacerse pública la operación de venta a Globalvia la Xunta ha asegurado, a través de la conselleira de Infraestructuras, que su reclamación de traspaso tendrá “aún más convicción, si cabe”, ha afirmado Ethel Vázquez, si bien no aclara si el PP cambiará su postura en las Cortes Generales o si, por el contrario, seguirá siendo negativa y contraria a la mantenida en Galicia.
Desde En Marea reiteran también la necesidad del traspaso y además la formación cree que “el coste de la operación, por debajo de los 1.000 millones” demuestra que sería posible el rescate de la concesión por un importe muy inferior a los 4.000 millones estimados por el gabinete de Rajoy a través de cálculos erróneos. El BNG, por su parte, reclama “luz y taquígrafos” sobre esta operación de compra-venta y subraya, por medio de su viceportavoz, Olalla Rodil, la necesidad de acelerar la transferencia con una negociación bilateral Xunta-Estado.
